Por esta razón, el Gobierno ha pedido a las Grandes Empresas de Trabajo Temporal que le presente un plan para que las ETT participen de forma directa en la contratación en origen,algo que no contemplan las normas vigentes y que, en consecuencia, exigirá una reforma legal.
“El presidente Zapatero se ha implicado en este asunto y la Dirección General de Inmigración está trabajando a fondo. A partir de enero habrá avances porque el mercado lo necesita”, explican fuentes de Agett consultadas por EXPANSIÓN, que prefieren guardar el anonimato.
Las dos principales vías actuales de contratación en origen han quedado colapsadas. El contingente de mano de obra extranjera que fija cada año el Ministerio de Trabajo, además de ser insuficiente –este año sólo ha cubierto un 30% de las solicitudes–, está sujeto a lentos procesos burocráticos que retrasan más de un año la llegada de los trabajadores, e incluso más, si provienen de países con los que España no tiene convenio.
El Catálogo de Empleos de Difícil Ocupación es mucho más rápido: por esta vía se pueden traer empleados en menos de dos meses. Pero el catálogo no siempre se adapta a la realidad laboral –en ésta aparecen domadores de circo, sepultureros, etc.–.
Las dificultades no acaban aquí, porque en función del tamaño de su plantilla, las empresas tienen dos vías para contratar extranjeros, según explica Ana Garicano, letrada especializada en inmigración de Sagardoy Abogados.
Si las empresas tienen menos de quinientos trabajadores –la inmensa mayoría– deben solicitar el permiso de trabajo para la persona que quieren emplear a la Delegación del Gobierno en la comunidad autónoma. En la tramitación del expediente pueden pasar seis meses. Una vez conseguido el permiso, el trabajador debe solicitar el visado en la embajada de España en su país. En este trámite pasan de media otros cuatro meses. “Total que pasan en torno a diez meses desde que la compañía toma la decisión de contratar a un inmigrante hasta que empieza a trabajar”.
En estas circunstancias, las propuestas de las grandes etts al Gobierno son las siguientes: colaborar en la creación del marco legal adecuado para que puedan trabajar las empresas del sector, aprovechando además la infraestructuras que sobre todo tienen las grandes compañías en todo el mundo: en torno a 70.000 oficinas y de ellas, 800 en España. Y, en segundo lugar, supone también que el trabajador esté debidamente regularizado y controlado desde el punto de vista laboral.
Estas dos propuestas no son obstáculo para que luego cada compañía haga la política comercial que considere dentro de la iniciativa privada. Además, aliviaría las necesidades de mano de obra de las pequeñas y medianas empresas, que son las principales perjudicadas por la escasez de mano de obra.
“La economía necesita un millón más de empleados. Las ETT podemos ayudar a reclutarlos en el exterior si se nos permite contratar en origen y se flexibilizan los periodos de los contratos”. Es decir, que un extranjero pueda ser empleado por un periodo inferior a los doce meses, como actualmente obliga la ley, explica Víctor Fernández, Director de Relaciones Institucionales de Randstad. El sector gestiona el 80% de los contratos temporales y ya emplea a 150.000 inmigrantes.
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