Renta mínima de 500€: no todas las partes están de acuerdo

El Gobierno ha planteado a sindicatos y ONG la puesta en marcha de forma urgente una renta mínima vital provisional que proteja a las personas más vulnerables y que denomina como «ingreso mínimo vital (IVM) puente» hasta que pueda articularse una medida permanente, según ha asegurado en un comunicado la Vicepresidencia de Derechos Sociales y para la Agenda 2030.

Fuentes del Ejecutivo han explicado que se trata de una ayuda de 500 euros. Los requisitos para acceder a la misma serían ingresos por debajo de 200 euros mensuales por individuo o que la renta del hogar este por debajo de los 450 euros de media por miembro.

El vicepresidente de Derechos Sociales y para la Agenda 2030, Pablo Iglesias; la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, han mantenido este jueves sendas reuniones con los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, y con las organizaciones del Tercer Sector Cáritas, Cermi, Oxfam, AEPN, Facua y Plataforma del Tercer Sector.

El Ejecutivo reconoce que las garantías técnicas y el alto grado de consenso político, social e institucional que requiere el desarrollo del IMV podrían implicar un plazo aproximado de tres meses para su aprobación. Por ello, defiende la conveniencia de poner en marcha, con carácter urgente, un Ingreso Mínimo Vital Puente (IMVP) que garantice que las personas más vulnerables cuenten con ingresos con los que poder afrontar esta crisis.

En todo caso, asegura que el Gobierno de coalición mantiene su compromiso, incluido en el programa de Gobierno, de poner en marcha un Ingreso Mínimo Vital (IMV) de carácter permanente.

Sin embargo, señala que la crisis del Covid-19 ha puesto de manifiesto que es necesario actuar ya para que las personas vulnerables no queden atrás en esta emergencia. Por tanto, el Gobierno quiere aprobar de forma urgente un Ingreso Mínimo Vital Puente que permanezca vigente hasta la aprobación del IMV definitivo y «complete así el escudo social que está construyendo el Gobierno para que nadie quede desprotegido en esta crisis».

APOYO DE ONG Y SINDICATOS, QUE PIDEN QUE SEA PERMANENTE

«Todas las entidades asistentes a ambas reuniones, tanto sindicatos como organizaciones del Tercer Sector, han mostrado su total apoyo a esta medida extraordinaria, al tiempo que comparten la necesidad de poner en marcha un Ingreso Mínimo Vital de carácter permanente a la mayor brevedad», asegura la Vicepresidencia de Derechos Sociales.

Asimismo, añade que el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha podido constatar, mediante conversaciones telefónicas, que grandes empresarios de grupos económicos muy relevantes también ven adecuada y positiva esta medida. En este sentido, apunta que el vicepresidente ha intercambiado documentos con el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, con el que está en contacto, tanto CEOE como CEPYME, no irán a la reunión que han convocado para hoy en el Ministerio de Trabajo, porque creen que no se les ha consultado y creen que existe una clara «manipulación interesada, además de deslealtad«

En un comunicado muy duro, la CEOE subraya que «ante la posibilidad de que el Gobierno apruebe próximamente un nuevo ingreso mínimo vital, «desde CEOE y Cepyme queremos aclarar que, al tiempo que compartimos que ningún ciudadano puede quedar desatendido en esta crisis económica sobrevenida por la pandemia del Covid-19, en ningún momento se nos ha hecho partícipes de la negociación de tal iniciativa, ni se ha sometido a su discusión en el diálogo social, tal y como ha trascendido en medios de comunicación y redes sociales«.

Por su parte, la Plataforma del Tercer Sector, de la que forman parte 30.000 ONG ha confirmado este jueves su apoyo a la renta social extraordinaria que ultima el Gobierno pero ha reclamado que el nuevo salario social extraordinario se pueda convertir en una renta mínima vital estable y duradera, que se contemple en los Presupuestos Generales del Estado, y que se presente como un derecho subjetivo a la protección y garantía de las condiciones básicas del desarrollo vital.

«La gravedad del momento urge a una acción decidida del Gobierno para asegurar el suelo vital y que no nos vuelva a ocurrir como en la anterior crisis», ha subrayado Poyato.