El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, han convocado proceso de movilizaciones para el 8 de febrero para reivindicar que se cumpla lo pactado con la CEOE en materia salarial, y que se deroguen la reforma laboral y la de pensiones.
Esta movilización del próximo 8 de febrero se enmarca dentro un proceso que culminará el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con paros laborales de dos horas por turno con la posibilidad de que en algunos sectores, «por sus particularidades y reivindicaciones», el paro sea de 24 horas.
En un encuentro con los medios, ambos representantes sindicales han asegurado que este proceso de movilización se llevará a cabo en tres frentes: en la negociación colectiva, sobre todo en aquellos sectores donde todavía no se han alcanzado los 14.000 euros anuales de salario mínimo de convenio; en el diálogo social con el Gobierno respecto a las reformas laborales y de pensiones, y en el ámbito de la igualdad.
En concreto, este proceso de movilización tendrá un punto de inflexión el 8 de febrero con un «gran acto sindical unitario» en el que reunirán a 10.000 sindicalistas de ambas formaciones. Este acto, según Sordo y Álvarez, no deja de ser un primer paso en un proceso en el que «si no hay respuesta del Gobierno, habrá movilización».
«Queremos que el Gobierno y los actores económicos sepan que no vamos a esperar a que se acabe la legislatura para abordar esta situación», ha apuntado Álvarez.
Esta campaña de movilizaciones culminará el 8 de marzo, «en una jornada de lucha y de huelga en la que confluirán con el movimiento feminista en la exigencia de mayor determinación, valentía y recursos para hacer frente a las brechas de género y a la violencia contra las mujeres».
Mesa de diálogo social
Estos anuncios se han realizado en el encuentro celebrado hoy en Madrid para abordar los retos pendientes de la mesa de diálogo social para este 2019 con la reforma laboral, entre los temas más importantes a revisar.
Desde UGT ya advertían con movilizaciones si no se cambia esa regulación y se devuelve el marco regulatorio al original de 2012. Por su parte, el Gobierno niega la existencia de un preacuerdo que semanas atrás llevó a la CEOE a declarar su indignación por lo que consideró una ruptura unilateral del diálogo social. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ya indicó que aunque las negociaciones siguen abiertas, la contrarreforma laboral no necesita unanimidad.
Asimismo, el Gobierno quiere que en el marco del diálogo social y de acuerdo con las recomendaciones de la comisión del Pacto de Toledo, se diseñe en los primeros seis meses del año un mecanismo de revalorización de las pensiones que garantice el mantenimiento de su poder adquisitivo, preservando la sostenibilidad social y financiera del sistema de Seguridad Social. Todo después de que se aprobase la subida de las pensiones del 1,6% para este año y un 3% las mínimas y no contributivas, tal y como se establecía en el acuerdo presupuestario alcanzado entre el Gobierno y Unidos Podemos.
Por su parte, la comisión no permanente del Pacto de Toledo acelerará sus trabajos este mes de enero para tratar de sacar adelante lo antes posible sus conclusiones acerca de una reforma del sistema de pensiones que ningún partido se atreve a formular en solitario. Entre los participantes hay quien considera que sería posible alcanzar un acuerdo para finales de este mes y quien ve este plazo demasiado ajustado para una reforma sostenible.
La negociación de un nuevo sistema de cotización en base a ingresos reales para autónomos es la asignatura pendiente de la mesa de diálogo social para este 2019 después de que se haya aprobado un sistema de cotización transitorio que asegura mayor protección y prestaciones sociales para el colectivo de los trabajadores por cuenta propia después de subir la base mínima de cotización para este año en un 1,25% y un alza de las cuotas en 5,36 euros al mes.
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