El Pleno del Congreso decidirá este martes si acepta una proposición no de ley socialista y pide al Gobierno que apruebe una moratoria de los despidos por causas objetivas para al menos tres años.
La iniciativa, registrada en mayo de 2013, formaba parte del Plan de Reactivación Económica y Creación de Empleo impulsado por el entonces secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, que incluso envió sus propuestas al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Casi un año y medio después, y con un nuevo secretario general al frente del PSOE, llega al Pleno de la Cámara Baja un texto que se inspira, según el principal partido de la oposición, en el ‘kurzarbeit’ alemán, que ha permitido evitar la destrucción de miles de puestos de trabajo a la par de contribuir al ahorro en las arcas del Estado.
«Las previsiones que trasladan la creación de empleo más allá del final de la legislatura son descorazonadoras, mientras el Gobierno sólo reclama paciencia a los ciudadanos. Pero si no hay un impulso decidido y excepcional para estimular el crecimiento las cosas, podrían ir todavía peor. Urge, pues, que el Gobierno acuerde con los interlocutores sociales medidas que permitan evitar la sangría de la destrucción de empleo», argumentaban entonces y siguen insistiendo actualmente los socialistas.
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
Por eso, el PSOE propone que no se puedan realizar despidos por causas económicas durante tres años. En su redacción inicial, la moratoria se pedía para los ejercicios 2013, 2014 y 2015, por lo que aquel texto podría ser actualizado por los socialistas antes del debate en el Pleno del Congreso.
También reclama un Programa Especial de Mantenimiento del Empleo que incluya ayudas a las empresas que opten por la reducción de jornada en lugar de despedir a sus trabajadores.
En estos casos, los afectados seguirán percibiendo su salario –reducido en la proporción en que se ajuste su jornada y la correspondiente prestación de desempleo parcial–, que será responsabilidad a partes iguales del empresario y del Estado, salvo si el trabajador tiene más de 50 años, en cuyo caso el Gobierno se hará cargo del 60% del sueldo.
«Estas ayudas se sufragarán con cargo a las partidas presupuestarias de políticas activas de empleo, a cuyo efecto deberán dotarse suficientemente. Transcurrido un año desde la moratoria, Gobierno e interlocutores sociales analizarán su impacto», añade la propuesta.
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