Desde el 1 de enero ha entrado en vigor el real decreto que regula el teletrabajo en la Administración General del Estado (AGE). De acuerdo con la norma, los funcionarios y empleados públicos podrán teletrabajar dos días en modalidad presencial y tres en remoto, es decir, hasta el 60% de su jornada laboral. Para poder desarrollar su trabajo de esta nueva forma, que será voluntaria y estará supeditada a que se pueda garantizar la prestación de los servicios, la Administración proporcionará al empleado público un equipo informático y las herramientas tecnológicas necesarias para su actividad y formación.
Councilbox, firma gallega especializada en soluciones de tecnología legal, cuenta con una solución que permite a la Administración Pública adaptarse a esta nueva realidad. Se trata de OVAC, herramienta adaptada para el Ministerio de Justicia con el objetivo de acompañarle en su proceso de transformación digital atendiendo a sus necesidades específicas, tanto a nivel tecnológico como legal. “A través de esta solución, extrapolable al resto de administraciones públicas, los ciudadanos llevan a cabo trámites que antes solo podían realizar de forma presencial. Además, este producto orquesta el proceso completo, de forma que es posible solicitar cita previa, conseguir los consentimientos y aceptaciones necesarios, enviar y firmar documentación y ser atendido videopresencialmente por el funcionario pertinente”, apunta Javier Polo, CEO de Councilbox.
A través de esta herramienta, es posible realizar los trámites habituales de una oficina de atención al ciudadano y ser atendido por una persona de forma telemática, con una gestión que va desde el momento de la reserva de cita previa hasta el envío de información o la firma de documentos. Esto ofrece numerosas ventajas, como el registro de evidencias de la gestión realizada y de la información suministrada o una trazabilidad del proceso que no existe en la atención presencial. Otro de sus beneficios es la reducción de costes en gestiones para la Administración Pública.
La solución refuerza, además, la seguridad jurídica digital en las actuaciones y servicios no presenciales. Esto es posible gracias a que todo el proceso realizado entre la Administración y el ciudadano queda almacenado en blockchain, una tecnología que garantiza la seguridad de los datos y que aporta un completo respaldo legal. Según Javier Polo, “ofrece evidencias inmutables y un sellado de tiempo mediante el almacenamiento de las evidencias a través de blockchain. Así, todo el proceso realizado con Councilbox es completamente auditable y ofrece pruebas irrefutables en caso de que se abra un proceso legal. Blockchain es una tecnología basada en protocolos y algoritmos de cifrados realmente robustos. “Gracias a eso, es perfecta para ser utilizada con propósitos en los cuales la seguridad e inmutabilidad es crítica. Este sistema puede guardar cada paso y dato de los distintos procesos con totales garantías”, concluye.
Councilbox no requiere de ningún tipo de instalación previa, por lo que la única herramienta necesaria, tanto para el funcionario como para el ciudadano, es contar con un dispositivo con conexión a Internet. Además, es un producto con altas capacidades de integración, de forma que puede utilizar su solución nativa o integrarse con los sistemas de cita previa o de sede electrónica que ya existan, además de los estándares de identificación como DNI electrónico, Clave PIN, el certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, etc.
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