Este 2022 entrará en vigor la normativa Whistleblower en España. Proveniente de la Unión Europea, llega a nuestro país con el objetivo de ampliar garantías y dar seguridad a quienes denuncien malas prácticas en el ámbito laboral.
Solo en 2019 las denuncias laborales afectaron a más de medio millón de trabajadores en España. Durante ese mismo año, y según el Ministerio de Trabajo, se generaron más de 309 millones de euros en infracciones en todo el país, siendo Andalucía, Cataluña y Madrid las comunidades con mayor número de incidentes. Se espera que la aprobación de esta nueva ley se produzca a finales de enero de 2022.
En este contexto, en el que resulta necesario contar con herramientas que aseguren el correcto cumplimiento de la nueva ley, Factorial, a través de su software de Recursos Humanos, permitirá a las empresas automatizar todas aquellas tareas de implementación y seguimiento que implica esta medida. Así, Factorial ofrece un canal de denuncias corporativo donde empleados y terceros pueden contribuir activamente a fortalecer la transparencia de la empresa de forma totalmente confidencial, gracias a una contraseña de único acceso.
“Ofrecer a las empresas este servicio refuerza nuestro compromiso con los líderes de Recursos Humanos de las organizaciones, para que puedan encargarse de actividades que aporten valor a sus empleados y les ayuden a empoderar el talento”, señala Jordi Romero, CEO de la empresa.
Con Factorial resulta mucho más fácil adaptarse a esta y otras normativas, como la Ley de Control Horario, la Ley de Igualdad o el Registro Salarial Obligatorio. El software de Recursos Humanos de la compañía centraliza todos los procesos de la empresa y permite a estas aumentar la seguridad de sus documentos y potenciar la comunicación interna.
La empresa, principal responsable
En primer lugar, la normativa whistleblowing obliga a las empresas a crear un canal de denuncia activo. Este canal debe ser gestionado por una persona o departamento, que recogerá, recopilará y hará el seguimiento de las denuncias. Se prohíben las represalias o amenazas y se establecen plazos. El tiempo que tiene la empresa para investigar los hechos no puede superar los tres meses.
Por otra parte, la responsabilidad pasa del denunciante a la empresa. Es decir, ya no es el denunciante quien tiene que demostrar que ha sucedido alguna irregularidad, sino que es la empresa quien tiene que investigar y aportar pruebas para defenderse de las acusaciones.
La medida afectará a todas las empresas públicas y las privadas con más de cincuenta trabajadores, aunque también comprende organizaciones privadas con menos de cincuenta trabajadores si estas operan en sectores sensibles como alimentación, salud, seguridad, entre otros.
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