Varios farmacéuticos han impugnado las pruebas al estimar que han sido amañadas y que los llamados, por la Junta, errores tipográficos son marcas sutiles para facilitar las respuestas. También SAE-Uscal así lo denuncia. «La argucia -indican estas fuentes sindicales- consistía en unos casos en poner un punto final más grueso a la pregunta verdadera y, en otros, en que las falsas no contuvieran punto o en un ligero subrayado debajo», entre otros.
Los farmacéuticos están «indignados ante esta clara y desproporcionada manipulación sin precedentes en un Estado de Derecho» después de que «los principios más básicos hayan sido vulnerados».
De esta forma, critican que la única respuesta de los miembros del tribunal haya sido calificar esta situación de «error tipográfico, cuando todo ciudadano sin ser estadista, solo con el sentido común, comprendería que una treintena de preguntas marcadas no obedece al azar sino a un intento, en este caso esperemos que infructuoso, de manipular el acceso libre de unos profesionales farmacéuticos al Cuerpo de Funcionarios».
Decisión del tribunal
La secretaria general de la Consejería de Sanidad, María Álvarez Quiñones, presidente de dicho tribunal destaca que fue éste el primero en advertirlo y que «fue decisión de la Administración anular tanto las preguntas con errores tipográficos o faltas de ortografía, 30 en total, como otras dos por falta de claridad expositiva». Asimismo, destaca que marcaban «aleatoriamente respuestas correctas como falsas», que las preguntas no fueron puestas por una misma persona y que las bases de las pruebas establecen un máximo de cien preguntas «por lo que no es problema eliminar 32» y «la prueba ha resultado así igual para todos».
Álvarez Quiñones destaca que había un vocal en representación de los sindicatos al que le pareció correcto la medida adoptada y que «es llamativo que Uscal haya protestado después de darse a conocer las notas, nunca antes hizo siquiera una observación, lo que hace pensar en que haya suspendido alguien de su interés».
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