El sector cementero solicita un abaratamiento del precio de la electricidad y una mayor inversión en infraestructuras para impulsar el crecimiento económico y el del sector, que considera puede generar la creación de 6.000 puestos de trabajo.
Así lo indican la patronal Oficemen y los sindicatos CC.OO. y UGT en el decálogo de medidas para el sector que han «consensuado» con el fin de presentarlas ante los distintos partidos políticos de cara a las próximas elecciones generales.
En su propuesta, los agentes del sector señalan que el crecimiento y el empleo que pretenden impulsar pasa por un necesario «abaratamiento del precio de la energía».
«Para poder acceder a los mercados internacionales e impulsar la capacidad de crecimiento y de creación de empleo necesitamos un coste eléctrico competitivo, similar al de otros países del entorno», señalan patronal y sindicatos del sector de la fabricación de cemento.
Según sus datos, la electricidad supone el 18% del total de costes de producción de este material de construcción y casi una tercera parte (el 32%) de los variables.
Las tres organizaciones consideran que el «apoyo a la industria del cemento» constituye una de las «claves para la recuperación económica de España». «Cualquier incremento de actividad en el sector del cemento tiene una repercusión inmediata en el empleo y la demanda interna», aseguran.
Así, otro de los ejes que el sector propone para impulsar el crecimiento es el aumento de la inversión en infraestructuras, a través de lo que han bautizado como el plan ‘Crecimenta 20-30’, un programa de medidas dirigidas a «dinamizar» la demanda de cemento, generar 6.000 puestos de trabajo, elevar el valor añadido bruto de la economía en 1.400 millones de euros.
Hormigón en las carreteras
Entre estas medidas figura la de emplear hormigón en la construcción de pavimentos de las carreteras, al asegurar que se trata de un material que requiere menos costes de mantenimiento y ahorra combustible a los vehículos.
También sugiere aumentar la inversión en construcción de dotaciones de agua (sistemas de canalización, depuración y saneamiento) y fomentar la rehabilitación de viviendas.
Oficemen, CC.OO. y UGT consideran que se trata de un plan «ambicioso, pero ajustado a la capacidad presupuestaria del país». «Además «plantea alternativas de construcción que mejorarían la durabilidad de las infraestructuras, reduciendo costes de mantenimiento y, último término, mejorando la calidad de vida del conjunto de la sociedad», según indicó el presidente de la patronal cementera, Jaime Ruiz de Haro.
En el capítulo medioambiental, los agentes del sector reclaman asimismo un «claro posicionamiento de los mandatarios españoles frente a los objetivos de reducción de emisiones de CO2 y apuestan por elevar la valorización energética de residuos en las fábricas de cemento, mediante la imposición de «tasas disuasorias» a los vertederos.
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