Iberdrola USA y UIL se han comprometido con las autoridades de Connecticut a bajar las tarifas eléctricas, contratar a 150 personas, invertir en la mejora medioambiental de centrales, destinar dinero a la caridad y conservar el modelo de gestión local, entre otras cosas, con el objeto de desbloquear su fusión en Estados Unidos.
Estos compromisos forman parte del acuerdo entre las dos empresas y las autoridades de consumo de Connecticut (Office of Consumer Counsel, OCC) con el objeto de desatascar una fusión valorada en 3.600 millones de euros de la que saldrá un nuevo grupo cuyas acciones cotizarán en la Bolsa de Nueva York.
El acuerdo, conforme a la información remitida por UIL al supervisor del mercado estadounidense, la SEC, incluye dedicar 32,5 millones de dólares (29 millones de euros) a rebajar el recibo de los clientes mediante un ‘costumer rate credit’ durante el primer año tras la fusión.
También recoge una congelación de las tarifas a las empresas distribuidoras que redundará en «significativos ahorros para los consumidores», así como la provisión de fondos para proyectos ‘verdes’ y un plan de inversiones de «resiliencia ante tormentas».
Iberdrola y UIL también cubrirán en un importe de hasta 30 millones de dólares (26 millones de euros) los costes medioambientales de una central eléctrica en la ciudad de New Haven, al tiempo que limitarán el pago de dividendos a la matriz.
De esta forma, Iberdrola USA y UIL despejan un proceso de fusión que ha encontrado oposición entre las autoridades regulatorias de uno de los Estados a los que afecta la operación, la Connecticut Public Utilities Regulatory Authority (PURA).
La aprobación de la autoridad de Connecticut es una de las nueve que Iberdrola USA debe superar para fusionarse con UIL. A comienzos de junio, ya obtuvo el visto bueno de la autoridad federal responsable de Energía del país, la Federal Energy Regulatory Commission (FERC).
Tras esta autorización, la compañía sumó tres aprobaciones regulatorias y quedó solo pendiente del visto bueno de los reguladores estatales, así como del supervisor del mercado estadounidense, la SEC, y del comité encargado de analizar las inversiones extranjeras en el país.
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