España cuenta con «muy pocos» titulados universitarios con altos niveles de competencias necesarios para satisfacer la demanda del mercado laboral y tiene muchos estudiantes que se gradúan en ámbitos que no se adecuan bien a las necesidades de este mercado, según el ‘Informe Estrategia de competencias de la OCDE: construyendo una estrategia de competencias para España’, presentado este martes.
La OCDE define las competencias o habilidades como «el conjunto de conocimientos, capacidades y atributos que toda persona puede adquirir y le permiten desempeñar de forma adecuada y consistente una determinada actividad o tarea, susceptibles de desarrollarse y ampliarse ulteriormente a través del aprendizaje».
Este trabajo de diagnóstico, que se basa en datos de informes de la OCDE ya publicados –PISA, realizado a alumnos de 15 años, y PIAAC a adultos, entre otros–, identifica doce retos en materia de competencias para España basándose en análisis de la OCDE y la Comisión Europea, así como en información obtenida de los gobiernos nacional y autonómicos y de particulares, empresas, sindicatos e instituciones educativas.
Este documento pone de manifiesto que los jóvenes españoles se enfrentan a «grandes dificultades» para incorporarse gradualmente al mercado laboral; el paro juvenil y las tasas de desempleo de larga duración se sitúan entre los más altos de la OCDE; y el porcentaje (20%) de jóvenes sin estudios, trabajo ni formación, conocidos como ‘ni-nis’, coloca a España sólo por detrás de México, Grecia e Italia.
«Estos jóvenes corren el riesgo de convertirse en desempleados de larga duración, con importantes dificultades para reincorporarse al mercado de trabajo en un futuro», alerta sobre los ‘ni-nis’ este informe, que pide para este colectivo un mayor compromiso del Servicio Público de Empleo y un mejor acceso a información de calidad y a sistemas de orientación y asistencia «hechos a medida de las necesidades de los jóvenes».
El rendimiento general de los estudiantes españoles está por debajo del promedio de la OCDE en comprensión lectora, matemáticas y ciencias (PISA), y pocos rinden a niveles altos en estas áreas. La OCDE indica que España posee índices comparativamente altos de abandono temprano de la educación, de repetición de curso y de finalización tardía de los estudios y propone al Gobierno reforzar el papel de la FP y el aprendizaje basado en el trabajo.
En cuanto a la población adulta, la OCDE advierte de que en España hay diez millones de adultos con bajo nivel de competencias, de los que aproximadamente dos tercios de estas personas «escasamente cualificadas» seguirán estando en el mercado laboral dentro de 10 años y más de un tercio continuará trabajando dentro de 20 años.
Para estos adultos, los autores del informe sostienen que las oportunidades de perfeccionamiento y actualización de competencias serán cada vez más necesarias para que «mucha gente» pueda mantener sus actuales trabajos o encontrar otros nuevos.
SOBRECUALIFICACIÓN Y FALTA DE INNOVACIÓN
La OCDE indica que España tiene que impulsar más la formación en el centro de trabajo para potenciar la productividad y competitividad de sus trabajadores porque «no está aprovechando al máximo su mano de obra». En este sentido, explica que hay «muchos» trabajadores con nivel de competencias mayor al necesario para sus trabajos.
El texto advierte de la «falta de innovación» en la economía española, que se ve reflejada en la «baja inversión» de las empresas en capital basado en el conocimiento, incluyendo la I+D, y en la baja proporción de titulados con doctorado contratados para la investigación en el sector privado (un 15% frente al 30% de Bélgica, Reino Unido o Estados Unidos).
También indica este informe que España «no está presionando suficientemente» a sus centros de educación superior para que favorezcan la innovación y el crecimiento mediante la transferencia de investigación y conocimiento al sector privado.
La OCDE señala que el mercado de trabajo español continúa con un alto índice de paro. Para ello, propone un mayor esfuerzo para garantizar que la regulación del mercado laboral y que las políticas tributarias se traduzcan en incentivos a la contratación, «y no en desincentivos», advierte.
PRESTACIONES VS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO
Sobre el gasto público total en programas orientados a la búsqueda de empleo, los autores del informe señalan que el de España presenta uno de los más altos de la OCDE, pero que una parte considerable de ese gasto ha estado motivada por la «necesidad de destinar más fondos para cubrir las prestaciones por desempleo a raíz de la recesión económica».
Por otra parte, apunta que el gasto destinado a políticas activas de empleo no es alto en relación con otros países de la OCDE, «especialmente si consideramos las cifras sin precedentes de jóvenes desempleados registradas en España», añade.
DOCE RETOS PARA ESPAÑA
Para desarrollar las «competencias relevantes», la OCDE propone a España mejorar las competencias de los alumnos de enseñanza obligatoria; asegurarse de que los estudiantes de enseñanza superior alcancen un alto nivel de cualificación profesional y adquieran las competencias relevantes demandadas por el mercado laboral; y mejorar las competencias de los adultos escasamente cualificados.
Para «activar» la oferta de competencias, el informe plantea «remover» las barreras regulatorias y fiscales a la contratación de trabajadores; reintegrar a las personas desempleadas mediante estrategias selectivas de activación laboral; reincorporar desempleados a través de políticas y estrategias de apoyo orientadas a la búsqueda de empleo; y la transición de los jóvenes del sistema educativo a un trabajo estable.
Con el objetivo de «utilizar las competencias de manera eficaz», este documento propone aprovechar al máximo la formación en el lugar de trabajo para potenciar la productividad y la competitividad y apoyar a los trabajadores altamente cualificados y a las universidades a fin de impulsar la innovación y aumentar la productividad y el crecimiento.
La OCDE indica para «fortalecer» el sistema de competencias en España mejorar y ampliar el acceso a una información de calidad sobre inserción laboral y oportunidades de aprendizaje; entablar relaciones de colaboración más estrechas para mejorar los resultados en competencias; financiar un sistema de competencias más eficaz y eficiente; y fortalecer la gobernanza del sistema de competencias.
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