CSI-F y los delegados en prevención de riesgos laborales en las AA.PP.

El sindicato de funcionarios CSI-F denunció ayer que el Gobierno prepara, para su aprobación «en los próximos días», una modificación legal por la vía del decreto que conllevará la reducción en un 80% el número de delegados de prevención de riesgos laborales en las administraciones dentro de la senda de racionalización del gasto en el sector público.

En un comunicado, el sindicato explica que dicha modificación trasladará al sector público los recortes en materia de representación sindical impulsados en 2012 (‘Ley Antidéficit’) y asegura que vulnera la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, puesto que, en la práctica, «imposibilitará la correcta supervisión de los puestos de trabajo en lo que concierne a la detección de situaciones de riesgo, acoso, seguridad en los accesos o situaciones de emergencia».

«La actual estructura de representación de los empleados públicos en prevención de riesgos laborales en la Administración General del Estado (AGE) quedará bajo mínimos como consecuencia de los nuevos criterios de representación sindical del Gobierno, que implica tanto reducción de créditos horarios, como el número de delegados de prevención, en torno a un 80%», añade.

Según CSI-F, la Ley establece que las empresas deben contar, como mínimo, con dos delegados de prevención cuando cuenten con entre 50 y 100 trabajadores. «Sin embargo, estos criterios no se van a cumplir dado que la administración únicamente dispondrá de sólo un comité para los organismos de toda la provincia: Instituto Nacional de Estadística (INE), Hacienda, Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Agencia Estatal de Meteorología, Fomento, Extranjería, Fogasa o Inspección de Trabajo», prosigue.

La organización que dirige Miguel Borra asegura que Hacienda ha trasladado a los sindicatos estos criterios y que se harán efectivos por la vía del decreto a lo largo de los «próximos días». A su entender, el Gobierno debe «recapacitar» dada la «gravedad» que supone esta decisión, que «a corto y medio plazo elevará los niveles de siniestralidad entre los empleados públicos».