La construcción es la segunda actividad que ha acumulado más accidentes mortales entre noviembre de 2021 y octubre de 2022, solo por detrás del sector servicios. Así, de las 661 muertes acumuladas en este intervalo, 147 tuvieron lugar dentro de la construcción, 29 más que en el periodo de doce meses inmediatamente anterior. El acumulado de 2022 es aún más desafortunado para este sector, siendo el que más muertes ha registrado: solo entre enero y octubre hubo 129 accidentes mortales, un 28% más que hace un año.
A pesar de los esfuerzos por reducir la siniestralidad en la construcción, las consecuencias fatales para estos trabajadores siguen arrojando números preocupantes. Felipe García, abogado y socio de Círculo Legal, no duda en señalar que “los accidentes con el peor desenlace posible suponen un verdadero drama para las familias de los fallecidos”, pero también apunta que “con frecuencia se tiende a responsabilizar a los empresarios, demonizando su figura, incluso a pesar de que este haya puesto todos los medios a su alcance en materia de seguridad y salud en este tipo de accidentes laborales”.
En este sentido, García insiste en que los empresarios están obligados a proveer a sus trabajadores de todos los medios necesarios para desarrollar su jornada laboral con garantías de total seguridad en la ejecución de sus tareas, pero a veces “estas medidas no se cumplen, porque se cometen imprudencias graves, que al final, ocasionan graves consecuencias familiares para la familia del accidentado, y para la empresa, se abren un elenco de procedimientos administrativos y judiciales de muy compleja resolución”.
La construcción, tanto pública como privada, ha atravesado momentos difíciles en los últimos años, primero con la pandemia y después con la guerra en Ucrania, dos factores que han retrasado obras, lo que ha obligado a acelerar su ejecución en los últimos meses. Sin embargo, “las prisas no puede convertirse en una excusa para saltarse unos protocolos de trabajo, que, precisamente, juegan a favor de los propios trabajadores y que aseguran una indemnidad para el empresario”, comenta García.
La necesidad de contrastar versiones
La defensa jurídica de los empresarios ante un accidente grave debe contar con profesionales altamente cualificados, dado que los procedimientos judiciales a los que se enfrentan abarcan variaos órdenes: penal, civil, administrativo y laboral. “En primer lugar, se inicia un procedimiento sancionador por falta de medidas de seguridad tras el levantamiento del acta de infracción de la Inspección de Trabajo”, comenta el Abogado.
Precisamente, el experto asegura que “cuando tienen lugar accidentes complejos, estos informes de la Inspección o del IRSST no son todo lo detallados que cabría esperar porque la materia sobrepasa a aquellos que los llevan a cabo”. Este hecho, le hace un flaco favor al empresario, dado que “los juzgados emplean estos informes como guía para tomar decisiones, actuando como un claro condicionante”.
Es por ello que este material, al igual que el facilitado por otros Organismos Públicos, desde los Bomberos y las Brigadas de Siniestralidad de la Policía Municipal hasta el Instituto Regional de Seguridad y Salud, “deben analizar en profundidad todos los detalles con el fin de contrastarlo con las periciales de la defensa y la acusación, en esta materia, las pruebas periciales son trascendentales para el devenir de todos los procedimiento judiciales que se abren. Por ello se debe contar con Peritos especializados en la materia”, aconseja García.
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