El Congreso de los Diputados ha llegado a un acuerdo para añadir como enfermedades profesionales el estrés y el acoso laboral. La decisión es parte de una Proposición no de Ley presentada por Unidos Podemos-En Comú Podem-Marea y acordada con PSOE y a la que solo PP se ha opuesto.
La iniciativa que incluye un paquete de medidas para reducir la siniestralidad laboral. Durante su intervención, Alberto Rodríguez, portavoz de la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de Unidos Podemos, ha señalado las alarmantes cifras de siniestralidad laboral de nuestro país (y específicamente de mortalidad laboral), que alcanzaron los 618 fallecimientos durante la jornada laboral o en itínere en el año 2017, lo que supone una media de 1,7 muertos al día y un crecimiento del 1,8 % con respecto al año anterior.
El texto de la proposición señala que de total de muertes en 2017, “prácticamente un tercio (208) fueron causadas por un infarto o un derrame cerebral”. Factor que de hecho señalan como “la principal causa de muerte en el trabajo”. Además, hace referencia al llamamiento por parte de los sindicatos, que han manifestado como “el estrés y la presión laboral influyen, y mucho, en este tipo de muerte”. Una causa, tal y como apunta la propuesta, que “sigue siendo la gran olvidada de los planes de prevención”.
Más presupuesto e inspectores
Entre las diferentes medidas se incluye un apartado para modificar el cuadro de enfermedades profesionales donde “las patologías provocadas por el estrés o por el acoso laboral ni tan siquiera están reconocidas como una enfermedad profesional por el Estado”. Algo que se pretende hacer con el fin de que “no dé lugar a discriminaciones por razón de género en el reconocimiento de una dolencia como enfermedad profesional”.
En total la propuesta consta de ocho medidas donde se insta al Gobierno a impulsar una revisión de la legislación vigente para “garantizar que ningún trabajador realiza su trabajo sin protección efectiva” y asegurar “el desempeño de la labor profesional de los técnicos, la independencia de los servicios de protección y el establecimiento de controles públicos que garanticen la calidad de su prestación”.
El texto pide un aumento de las partidas destinadas a la prevención de riesgos laborales y asimismo, y de manera sostenida, del número de inspectores e inspectoras de trabajo “para aproximarlo a la media de la Unión Europea”. Por ello se pide librar al cuerpo funcionarios del principio de reposición cero y reposición mínima, lo que llevaría a incrementar sus trabajadores mediante las correspondientes ofertas de empleo público de manera adecuada para que “puedan desarrollar las tareas de control de las condiciones de seguridad laboral que su ley de ordenación les encomienda”.
Entre otras medidas recogidas en la proposición, “convocar la mesa de diálogo social” con el fin de acordar las modificaciones en las normativas vigentes que lleven a “potenciar los servicios y medios propios del empresario frente a los ajenos” y “dar cumplimiento a la Estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2015-2020”.
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