El sector servicios copa el 73 por ciento de los siniestros en el tajo, según el último informe del sindicato
El sindicato UGT en la provincia de Málaga ha alertado que los accidentes laborales han aumentado un 29,9 por ciento tras la reforma laboral del Gobierno de Rajoy en 2012. Así, según el informe provincial de prevención de riesgos y siniestralidad laboral presentado este viernes, en 2012 quedaron registrados un total de 14.417 accidentes laborales, alcanzando en 2016 los 18.732 siniestros.
La secretaria general de UGT Málaga, María Auxiliadora Jiménez, acompañada del secretario de Salud Laboral, Francisco Rodríguez, ha señalado que la crisis ha tenido «un efecto devastador» en los derechos laborales, a lo que ha agregado que las empresas «cada vez invierten menos en prevención de riesgos labores, y siguen viendo esta como un coste agregado y no como una inversión», por lo que «pone en riesgo la vida de los trabajadores y hace que la sociedad asuma sus costes derivados a través de los servicios públicos o las familias».
Según el documento, que recoge estadísticas de los años 2007, el inicio de la crisis; 2012, reforma laboral del Gobierno del PP; y 2016, últimos datos disponibles; un total de 32.159 accidentes se produjeron en el lugar de trabajo en 2007, disminuyendo hasta los 12.141 siniestros en 2012 y alcanzando los 15.735 sucesos en 2016. A estos datos hay que sumarle los accidentes ‘in itinere’, que alcanzaron los 4.221 en 2007, 2.276 en 2012, y 2.997 en 2016.
En conjunto, el año 2007 registró 36.380 accidentes laborales, en 2012 descendió un 60,4 por ciento hasta los 14.417, y subiendo un 29,9 por ciento en 2016 respecto a la estadística anterior hasta los 18.732 siniestros.
Según ha detallado Rodríguez, la bajada entre 2007 y 2012 se debe a «una pérdida paulatina de la población ocupada» que, en el caso de la provincia de Málaga, «llegamos a una tasa de paro del 35,5 por ciento». Al tiempo, ha apuntado que la subida de los siniestros entre 2012 y 2016 está causada por la recuperación de puestos de trabajo «pero también una precariedad de empleo, con un aumento de las cargas de trabajo y una ampliación de las jornadas».
Asimismo, ha argumentado que las cifras del índice de incidencias, que representa el número de accidentes por cada 100.000 afiliados a la Seguridad Social, también se ha visto repercutida por este aumento de la siniestralidad. Así, en 2007, el índice de incidencias alcanzó los 6.788 accidentes por 100.000 trabajadores, llegando esta cifra a los 3.016 en el año 2012.
En cuanto a enfermedades causadas por el puesto de trabajo, el informe recoge que en 2007 se registraron 67 casos, en 2012 alcanzaron los 107 casos, llegando a los 159 casos de enfermedades profesionales en 2016.
Para Rodríguez, «llama la atención que en una ciudad como Málaga haya ese número de casos de enfermedades profesionales». Así, ha argumentado que cuando un trabajador acude a la mutua con una patología que podría estar provocada por su trabajo, «es la mutua quien decide si esa patología es acusable al trabajo o lo deriva a la Seguridad Social».
Además, ha señalado que en los casos de enfermedades profesionales ya admitidas por la mutua, «son las empresas quienes comunican estos datos a la Administración». Esto ha generado, según ha argumentado, «contradicciones que la propia Administración ha detectado», por lo que «no son datos fiables ni garantizados».
Por otro lado, ha criticado también la «prevención de papel», explicado como «cuando un empresario tiene toda la documentación en regla, pero la prevención de riesgos laborales nunca se ha trasladado a la realidad». «Los trabajadores firman que han recibido una formación en este sentido, cuando no es cierto y firman por miedo a perder el empleo», ha añadido.
En este sentido, ha detallado que del total de accidentes laborales registrados en los tres años de estadísticas, el 40 por ciento no habían realizado la evaluación de riesgos laborales.
POR SECTORES Y GÉNERO
El informe recoge los porcentajes de accidentes laborales según cuatro sectores profesionales: agrario, industria, construcción y servicios. Así, el sector primario representa un tres por ciento total de los siniestros en los tres años estadísticos; mientras que la industria baja levemente desde el 12 por ciento en 2007, once por ciento en 2012 y diez por ciento en 2016.
Asimismo, el sector de la construcción ha presentado un descenso destacado desde el 2007, año en el que alcanzó el 38 por ciento del total de siniestros laborales, llegando a representar el 13 por ciento de los accidentes en el 2012. En el 2016, este sector representó el 14 por ciento de los siniestros registrados.
Para el sector servicios, este alcanzó el 48 por ciento de los siniestros registrados en 2007, mientras que en 2012 y 2016 han supuesto el 73 por ciento de los accidentes.
Según el género de los trabajadores, el 80,6 por ciento de los accidentes laborales en 2007 eran hombres y el 19,4 por ciento eran mujeres. En la actualidad, según los datos de 2016, los hombres sufren el 67,6 por ciento de los siniestros, y las mujeres el 32,4 por ciento.
Rodríguez ha argumentado que esta disminución de la diferencia por género podría deberse a que es el sector servicios, el que ha alcanzado mayor porcentaje de los accidentes laborales en 2012 y 2016 (73 por ciento), está desempeñado «en la mayoría de su actividad» por mujeres.
DÍA MUNDIAL
El próximo 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Prevención de Riesgos Laborales. Según ha detallado Jiménez, «desde UGT Málaga queremos analizar la situación en nuestra provincia y establecer la prevención de riesgos como uno de los objetivos principales de la acción sindical».
Para ello, ha informado de que el sindicato impartirán talleres y jornadas informativas para delegados de riesgos laborales e incidiendo en el ámbito educativo. «Mes a mes, queremos poner el foco sobre algún aspecto relacionado con la salud laboral», ha detallado.
«Pretendemos hablar de enfermedades profesionales, caídas en altura, riesgos psicosociales como la ansiedad o la depresión, así como de ergonomía», ha afirmado, agregando que la prevención de riesgos «es una responsabilidad compartida» para la que ha exigido «un cambio en las políticas laborales y empresariales» y «cambios legislativos que permitan un modelo de relaciones laborales más justas».
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