Las agresiones contra los médicos se redujeron un 24%

En los últimos cinco años las agresiones contra los profesionales médicos se han reducido un 23,7 por ciento. En 2104, ha continuado este tendencia a la baja. Se produjeron 344 casos, un 2,8 por ciento menos que en 2013.

Hace ya cinco años que la Organización Médica Colegial puso en marcha el Observatorio Nacional contra las Agresiones con el fin de sensibilizar a la población y de advertir a las Administraciones sobre la gravedad de la situación. 2009 había marcado un punto de inflexión. Aquel año una médico de familia en un centro de salud de Moratalla (Murcia) murió asesinada a manos de un paciente. En este periodo, la corporación ha contabilizado 2.058 agresiones de diferente índole. El vicepresidente de la OMC, Serafín Romero, asegura que se han producido más casos. Los médicos tienen dos posibilidades una vez que han sufrido una situación de violencia. Pueden denunciar en la Administración o en el colegio profesional. El ‘Estudio de agresiones a médicos’ sólo recoge las cifras colegiales.

Entre los motivos más frecuentes de la agresión se encuentra las discrepancias con el médico (en un 30 por ciento de los casos), el tiempo en ser atendido (un 12 por ciento), las diferencias personales (11 por ciento), no recetar el medicamento solicitado (nueve por ciento), la incapacidad temporal (un seis por ciento), informes no acordes con las exigencias del paciente (cinco por ciento) y el funcionamiento del centro (un cuatro). En un 18 por ciento de los casos, los ataques provocaron lesiones y en un 12 por ciento dio lugar a la baja laboral del profesional. Durante el pasado año los tribunales emitieron 71 sentencias. El 61 por ciento de los casos se consideró delito y el 39 por ciento, falta.

Medidas de las administraciones 

La situación ha obligado al Senado a tomar cartas en el asunto. La Cámara Alta aprobó recientemente una iniciativa del portavoz de Sanidad del PP, Jesús Aguirre, para que el médico fuera reconocido como autoridad pública en el Código Penal. La OMC ha agradecido el gesto pero lo considera insuficiente. «Sólo recoge la jurisprudencia», explicó su presidente, Juan José Rodríguez Sendín, el pasado jueves cuando se celebró el Día Nacional contra las Agresiones en el Ámbito Sanitario. Las sentencias de los tribunales de justicia ya otorgaban este reconocimiento desde 2007, cuando el Tribunal Supremo decretó delito de atentado la agresión que sufrió un dentista en Cataluña.

Los otros dos motivos del enfado del consejo tienen su raíz en el tratamiento del insulto, que ha dejado de considerarse delito, y la falta de reconocimiento al facultativo de la sanidad privada. De hecho, los ataques en este sector han aumentado frente al año anterior. En 2014 representaron un 13 por ciento del total, frente al 11 por ciento de 2013. «La reforma es regresiva», añadió Sendín. El coordinador del Observatorio Nacional de Agresiones, José Alberto Becerra, reclamó incluso una «ley específica».

Rodríguez Sendín transmitió ese día su malestar al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso. El presidente de la OMC acudió al ministerio acompañado de su junta directiva para entregarle una placa que reconoce la labor de su departamento en esta materia. «Han mejorado muchos las cosas pero creo que lo pueden hacer más», insistió durante su intervención. El ministro había defendido la necesidad de implantar una política de «tolerancia cero» y se comprometió a «la defensa a ultranza de los profesionales». 

Determinadas comunidades han tomado medidas. Aragón, Castilla y León y la Comunidad Valenciana han sido la primeras en reconocer la figura del médico como autoridad sanitaria. Los gobiernos regionales han dado pasos conjuntos. El problema no sólo afecta a los facultativos. Otros profesionales sanitarios han sido víctimas de la violencia. El Consejo Interterterritorial del pasado junio emitió un informe en el que se contabilizaban 30.000 agresiones entre 2008 y 2012. Insultos, vejaciones o coacciones representaron el 80 por ciento de los casos, mientras que la agresión física supuso el 20 por ciento.

Más allá de los problemas legales, el presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico (Asedef), Mariano Avilés, destacó en declaraciones a este periódico que existe un «problema de educación» y que se debe «sensibilizar a los ciudadanos». Avilés insiste en que no sólo se trata de la reforma del Código Penal. «Situaciones humanas generadas por el nerviosismo mezcladas con una falta de sensibilización de las autoridades sanitarias provocan un cóctel explosivo», añadió.

La situación también afecta a enfermeros

Al igual que los médicos, los profesionales de enfermería también se ven afectados por la violencia en las consultas. De las 30.000 agresiones que sufrieron los profesionales sanitarios en el periodo 2008-2012, casi una tercera parte se produjeron contra enfermeros, según pone de manifiesto el sindicato Satse. La organización sindical lamenta que la cifra resulta aún mayor. Según sus estadísticas, sólo se denuncian el 11 por ciento de las agresiones, por lo que el número de casos podría haber ascendido a los 82.000 durante el periodo analizado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns), subrayaron en un comunicado. La situación ha llegado a tal punto que un 80 por ciento de este colectivo reconoce haber sufrido algún ataque verbal o físico a lo largo de su carrera profesional.

Tanto enfermeros como médicos solicitan más medidas e insisten en el reconocimiento del profesional como autoridad sanitaria. Satse ha reclamado el cumplimiento de los acuerdos del Cisns en junio del año pasado. «Es intolerable que el acuerdo entre Sanidad y las comunidades autónomas no se haya hecho realidad», manifestaron. El problema podría volver al consejo en la reunión del día 26 de marzo.