El Gobierno ultima un protocolo contra las agresiones a empleados públicos

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas está ultimando el diseño de un protocolo de actuación contra las agresiones físicas, verbales y amenazas que sufren los empleados públicos en su puesto de trabajo, ante el «volumen creciente» de estas situaciones durante los últimos años, indica el sindicato CSI-F.

   Este protocolo, que generaliza las experiencias piloto realizadas en algunos ámbitos como las oficinas de empleo, ha sido puesto en común con todos los ministerios y se aplicará en el conjunto de las Administración General del Estado y sus organismos dependientes.

   La iniciativa, señala CSI-F, ha sido posible tras las reivindicaciones y el acuerdo alcanzado con este sindicato, y se produce después de que Hacienda haya reconocido el crecimiento número de agresiones a los trabajadores públicos.

   Tal y como reconoce Hacienda en su informe, durante 2013 «se ha producido un incremento en el número de incidentes registrados, distribuidos en un amplio número de organismos, pero especialmente concentrados en el área de empleo».

   Esta situación se atribuye a la sensibilidad de los ciudadanos acrecentada por la situación de crisis prolongada, tal y como ha venido denunciando CSI-F. El Gobierno aún no dispone de cifras y por eso pondrá en marcha un registro de agresiones.

   El Gobierno contemplará como episodio de violencia las agresiones físicas («pegar, golpear, empujar») y las conductas amenazantes que sufren los empleados públicos en su puesto de trabajo, principalmente los abusos verbales y las amenazas, puesto que son los incidentes más comunes.

CÓDIGO PENAL.

   El documento, acordado con CSI-F, recalca que estas situaciones son «delitos específicos contra la autoridad, sus agentes y funcionarios públicos», reciben el nombre de atentados, resistencia y desobediencia y están regulados en el artículo 550 del Código Penal.

   El protocolo recabará la experiencia personal de los empleados públicos que realizan trabajos con especial riesgo, como pueden ser el trabajo con el público, personaciones o embargos.

   Se establecerá además un dispositivo preventivo adaptado en cada ámbito que incluye sistemas de detección, timbres de alarma, pantallas, personal de seguridad, cámaras y protocolos de colaboración con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

   A partir de ahí, establece una serie de actuaciones durante la situación de riesgo y grados de alerta, así como simulacros periódicos, que refuercen la concienciación y las conductas preventivas de los empleados públicos.

   Igualmente, se prevén actuaciones de apoyo jurídico y psicológico por parte del Estado y la contratación de seguros de garantía de reclamación ante terceros por daños y perjuicios por malos tratos u ofensas verbales.

POSICIÓN DE CSI-F.

   CSI-F se felicita de este acuerdo, que supone un avance en la sensibilización social y mayor visibilidad a este tipo de situaciones «que en demasiadas ocasiones sufren con resignación y en soledad los empleados públicos por indefensión, miedo a las  represalias o simplemente por considerar que su denuncia no sirve para nada».

   CSI-F también espera que el Gobierno incluya las «amenazas gestuales» y las grabaciones con el dispositivo móvil con la amenaza de difundirlas en la ‘web’, una situación que se ha constatado en las oficinas de empleo.

   Este tipo de situaciones se han elevado de manera exponencial desde el comienzo de la crisis, pero al no existir un registro sistematizado, salvo en ámbitos específicos como los centros penitenciarios, no es posible determinar una cifra, indica.