La tasa de movilidad de los profesionales con discapacidad alcanza el 6,4%

Recursos Humanos RRHH Digital  La Fundación Randstad ha analizado las circunstancias laborales de los profesionales con discapacidad a partir de una encuesta realizada a diversas empresas del panorama nacional, cuyos resultados se han reflejado en el I Informe por la Diversidad. Además, se han valorado los datos oficiales de contratación de trabajadores pertenecientes a este colectivo, presentes en el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), correspondientes al año 2012.

Fundación Randstad ha detectado que el 6,4% de las contrataciones a trabajadores con discapacidad implica movilidad interprovincial. Este dato se encuentra a más de cinco puntos del porcentaje correspondiente al mercado laboral nacional en España (11,92%). Esta diferencia está provocada por las particularidades propias de este colectivo, que precisan de mayor apoyo económico, social y familiar.

En términos absolutos, en España hay más de 150.000 personas con discapacidad ocupadas (150.278 a 31 de diciembre de 2012), de las que casi 10.000 han tenido que cambiar de región para incorporarse al mercado laboral.

Se considera movilidad interprovincial al hecho de que el domicilio del empleado y su lugar de trabajo se encuentren en diferentes regiones. Es necesario, pues, que se produzca un desplazamiento de la persona, independientemente de que éste sea diario, temporal o de manera permanente.

La Rioja y Castilla-La Mancha tienen la tasa de movilidad más elevada

A nivel nacional, el número de contratos que ha generado desplazamiento interprovincial en profesionales con discapacidad ha experimentado un aumento del 3,7% en el último año, lo que ha situado la tasa de movilidad en el 6,4%. La comunidad autónoma con la tasa más elevada es La Rioja, ya que el 15,4% del total de sus contrataciones conlleva desplazamiento de sus trabajadores. Le siguen Castilla-La Mancha, con 13,6%, Castilla y León, y Navarra, ambas con una tasa en torno al 8,3%.

Por el lado contrario, si se observan las regiones con un menor índice de movilidad, Fundación Randstad destaca el bajo índice de movilidad de Canarias y Asturias que supera por poco el 2%. Baleares alcanza un índice de 3,7%, mientras que Extremadura se sitúa en el 4,1%. Las comunidades autónomas con un mayor volumen de contrataciones de personas con discapacidad son Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana. En todas ellas su tasa de movilidad se sitúa a medio punto porcentual, o menos, de la media nacional, que se encuentra en 6,4%.

Madrid, Cataluña y País Vasco, las regiones más receptoras de trabajadores

Además de hacer referencia a la tasa de movilidad, se debe tener en cuenta si la comunidad autónoma obtiene un saldo migratorio positivo o negativo, que refleja la diferencia entre profesionales que entran en la región para trabajar y aquellos que deben emigrar para incorporarse al mercado laboral.

En este sentido, destaca el saldo positivo de Madrid, que se sitúa por encima de las 1.200 personas. En esta comunidad entraron más de 1.750 trabajadores con discapacidad para trabajar, y salieron de ella 520. En segunda y tercera posición en este ranking de regiones receptoras se encuentran Cataluña y País Vasco, con saldos de 206 y 151.

En el lado opuesto se encuentra Castilla-La Mancha, cuyo saldo negativo roza las 500 personas. La elevada tasa de movilidad de esta región viene provocada por el número de trabajadores que deben emigrar a otras regiones para acceder a un puesto de trabajo. Murcia y Andalucía son la segunda y tercera comunidad más emisora de España, con un saldo negativo de 272 y 201 trabajadores respectivamente.

El tipo de discapacidad de estos profesionales influye en su movilidad

La movilidad de estos profesionales difiere en función del tipo de discapacidad que éstas tengan. María Viver, directora de Fundación Randstad, afirma en este sentido que “las personas con discapacidad sensorial o incluso orgánica son más propensas a buscar oportunidades laborales en otras regiones, frente a aquellas personas con discapacidad mental o física donde esta movilidad se ve reducida ya que en muchas ocasiones necesitan del apoyo familiar para su vida diaria”.

“Además, hay que tener en cuenta que las personas con discapacidad viven una realidad distinta del resto de trabajadores, ya que en muchos casos su discapacidad va asociada a un procedimiento psicoterapéutico y/o farmacológico que les obliga a mantener su residencia en un determinado lugar y que les impide una movilidad geográfica más amplia”, sentencia Viver.

El compromiso de las empresas con LISMI

Otro punto a tener en cuenta es que la movilidad de los trabajadores con discapacidad viene provocada, en gran parte, por las posibilidades de acceso a un empleo, el cual está directamente relacionado con el volumen de oferta de las empresas y, por tanto, con el cumplimiento que éstas hacen de la Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI). En este sentido, es fundamental conocer cómo afrontan las compañías la contratación de personas con discapacidad, qué conocimiento tienen de su obligación como empresas y que dificultades se encuentran.

A partir de estas premisas, Fundación Randstad ha elaborado el “I Informe por la Diversidad”, una encuesta a entidades privadas de todos los sectores productivos. Uno de sus primeros objetivos de este estudio es analizar el conocimiento de la LISMI y su aceptación y cumplimiento por parte de empresas para identificar las medidas pertinentes para mejorar.

Esta Ley de Integración establece, para las empresas con una plantilla superior a 50 trabajadores, la obligación de contratar a un número de profesionales con discapacidad igual o superior al 2% del total de empleados.

El 56% de las empresas encuestadas admite conocer la LISMI, sus obligaciones, beneficios y objetivos. La encuesta se realiza a entidades de diversos tamaños, incluidas aquellas que cuentan con menos de 50 trabajadores y su cumplimiento es voluntario. El porcentaje de empresas que contrata a profesionales con discapacidad alcanza un porcentaje similar, rozando el 55%.

Para empresas con más de 50 trabajadores, este ratio se eleva hasta el 80%, si bien el 64% de ellas reconoce que el motivo principal por el que ha incorporado a un empleado con discapacidad es el cumplimiento de la LISMI.

El grado de conocimiento detectado disminuye cuando se hace referencia a cuestiones más profundas dentro de la LISMI. Por ejemplo, existen medidas alternativas que las empresas tienen a su alcance en el caso de imposibilidad de contratar a apersonas con discapacidad, ya sea por ausencia de candidatos o por causas internas.

Se encuentran, en este sentido, medidas como la contratación de Centros Especiales de Empleo, con un grado de conocimiento inferior al 40%; la donación o acciones de mecenazgo, con un 32%; la contratación de profesionales autónomos con discapacidad, y los enclavamientos laborales, ambos en torno al 15%.

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