El secretario general adjunto del sindicato libre Dignité de Costa de Marfil, Ignace Bla, denuncia en una entrevista reciente, concedida al Boletín de la Confederación Internacional de Sindicatos Libres (CIOSL) la presencia de al menos 5.000 menores trabajando en las plantaciones de cacao en las zonas agrícolas del país, donde son asalariados o explotados sin que se les pague nada, quedando fuera de todos los programas escolares.
Estos menores proceden principalmente de los países limítrofes y son víctimas de la trata de menores que se lleva a cabo junto con Burkina Faso, Benin y Malí, explica Bla, miembro del Comité de la Iniciativa Internacional del Cacao, una Fundación de la que son miembros compañías productoras, sindicatos y ONG que trabajan para erradicar el trabajo infantil en las cadenas de producción del cacao.
Bla se refiere en esta entrevista al componente cultural que se relaciona con el trabajo infantil en estas zonas, donde desde siempre los niños han participado en las tareas agrícolas familiares, principalmente durante las vacaciones. Por ello, y para regularizar la situación y evitar ciertas confusiones, desde hace un año una Ley estipula cuáles son los trabajos considerados peligrosos para los menores. Las autoridades confeccionaron una lista de las actividades prohibidas a los menores de 18 años.
Además de este riesgo los menores sufren otro, más peligroso si cabe y que está relacionado con el trabajo infantil: la trata de menores procedentes sobre todo de los países limítrofes, Burkina Faso, Malí y Benin. Esos chicos trabajan en la industria del cacao. El sindicato Dignité lo combate identificándoles y acompañándoles de regreso a sus países de origen. «Se trata de trabajo forzoso, algo difícil de controlar porque cuenta con cómplices dentro de la misma Administración pública del país», explica Bla.
Muchas veces esos chicos están en campamentos vinculados con las plantaciones, y lamentablemente, esas explotaciones agrícolas consiguen eludir los servicios de inspección de trabajo.
SENSIBILIZACION Y CAMBIO DE MENTALIDAD
El sindicato Dignité considera que la sensibilización de la población es clave para terminar con el trabajo infantil, puesto que «es algo que está vinculado con la mentalidad de la gente». Las personas que tienen que ver con el trabajo infantil, principalmente los padres, «no necesariamente saben que está prohibido», señala. Por lo tanto, es necesario realizar acciones para informarles sobre el carácter ilícito de ello.
Para llegar a estos y otros grupos de población el sindicato lleva a cabo seminarios o marchas y manifestaciones. «Nuestro objetivo está claro: queremos que el país respete los convenios nacionales e internacionales que firmó en materia de derechos laborales», asegura Bla en la entrevista.
«Cuando los menores trabajan en las plantaciones, se les obliga a recorrer a pie largas distancias acarreando cargas pesadísimas sobre la cabeza», explica Bla, o trabajan con herramientas peligrosas, especialmente en otros sectores como el de la construcción y o la alimentación. «El punto de partida del trabajo forzoso es la venta de menores en el mercado negro, porque tanto los vendedores como los compradores pueden obtener muchos beneficios con ello», agrega.
En este momento se puede comprar a un menor por una suma que va de los 185 a los 340 euros. Por ese precio, el propietario explota al chico durante un tiempo que va de uno a tres años, aunque normalmente se puede negociar el plazo. A cambio, el salario es poco e incluso ninguno. Su ‘propietario’ le concede el derecho a comer, «eso es todo». En ocasiones, al cabo de un año se le da al niño una pequeña prima.
De ser posible, el sindicato toma debida nota de esos chicos antes de recogerlos. «Tenemos que actuar con rapidez para evitar que los trasladen a otros lugares de explotación», dice Bla. Cuando llegan al centro de acogida, «procuramos que entiendan la situación antes de enviarlos de regreso a sus casas», dice, y a veces consiguen que quieran ir a la escuela.
Respecto a la posición oficial del Gobierno del país, Bla recuerda que los mercados negros «son por definición invisibles», se trasladan de un barrio a otro de la ciudad y es muy difícil seguirles la pista. No obstante, el sindicato comunica a las autoridades las prácticas que detecta, y ya se está organizando un marco jurídico para poder condenar a las personas responsables.
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