‘Discriminación y comunidad gitana’, el último informe presentado por la Fundación Secretariado Gitano (FSG), revela que este colectivo es sólo «parcialmente consciente» de su discriminación ya que, en muchas ocasiones, estas prácticas son asumidas como «naturales e inevitables».
Esta circunstancia se agrava por el hecho de que la comunidad gitana desconozca qué medios posee para defender sus derechos. El informe, publicado cada año, también denuncia «el miedo a las represalias y la desconfianza institucional, lo cual frena a las víctimas a la hora de denunciar la discriminación».
Además, tanto en la esfera privada como pública se producen numerosos episodios de discriminación directa e indirecta aunque estos últimos son especialmente difíciles de demostrar y materializar en denuncias.
LEGISLACION INSUFICIENTE
Según el estudio, «la discriminación se manifiesta principalmente en la existencia de barreras en el acceso y disfrute de los derechos y prestaciones, así como en lo que la Directiva 2000/43/CE define como acoso por motivos raciales o étnicos».
El documento denuncia que, a pesar de los avances introducidos por las legislaciones española y europea, éstos son «insuficientes» por lo que aboga por introducir «medidas adicionales» ya que existe «una importante brecha entre la normativa anti-discriminación y la práctica institucional», lo que permite que las minorías étnicas sigan sufriendo «prácticas discriminatorias en numerosos ámbitos sociales».
La comunidad gitana es uno de los grupos «peor valorados socialmente» y sigue sufriendo discriminación en el empleo, la educación, la vivienda, la salud o la justicia, lo que repercute en su calidad de vida y derechos ciudadanos.
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