La práctica mayoría de las empresas españolas obtienen un ‘suspenso’ en materia de integración de personas con discapacidad, según las conclusiones de unas Jornadas Técnicas recientemente organizada por la Fundación Prevent y MC MUTUAL.
Durante el encuentro, titulado ‘Integración Laboral de personas con discapacidad:
Entre la responsabilidad, la competitividad y la ley’, se recordó que el 75% de las compañías «no cumple con la obligatoriedad de reservar un cupo de contratación del 2% de su plantilla, tal como exige la Ley de Integración Social de Minusválidos, LISMI». Las empresas se enfrentan al reto de hacer compatible la solidaridad, la ley y la competitividad, «pero no les ha sido fácil», coincidieron los expertos asistentes.
De las Jornadas se pudo extraer que la gran mayoría de las empresas españolas no cumplen con esta normativa vigente en materia de integración de discapacitados, por lo que «se hace necesario un incremento y un endurecimiento de las medidas para cumplir esta legislación».
Según explica en un comunicado la Fundación Prevent, los expertos aseguran que actualmente las empresas «no están reservando el cupo del 2% en la plantilla para personas con discapacidad». En palabras de Andreu Cruañas, socio consultor de Alaris Corporaciones, «el 75% de las empresas ve difícil cumplir la Ley».
ACCESO AL EMPLEO Y DIFICULTADES
Por su parte, el responsable del Servicio de Integración laboral del Centro de Recuperación de Minusválidos Físicos de Madrid (CRMF), Juan Carlos Lózar, explicó que, según un informe del Centro de Estudios Económicos, los problemas con que se encuentran las personas con discapacidad para acceder al empleo «van más allá de la discriminación laboral».
Entre otros asuntos, mencionó las deficiencias de formación y falta de experiencia, el excesivo mimo familiar, los múltiples prejuicios sociales y la falta de accesibilidad a las instalaciones de las empresas.
En este sentido, el subinspector de Empleo y Seguridad Social, Jorge Pérez, destacó que la única manera de evitar la aplicación de la normativa es mediante el Fraude de Ley.
«Si un trabajador observa la imposición de una medida discriminatoria, tiene que denunciarlo», indicó, aunque añadió que todavía existe confusión entre los términos discapacidad e incapacidad y detalló que «debe entenderse la discapacidad como una especial dificultad».
Asimismo, aseguró que las empresas, cada vez más, «están adaptando sus estrategias para desarrollar su rama social», pero advirtió de que, para conseguirlo, «hace falta creérselo».
Según la Fundación Prevent, la jornada también sirvió para conocer las experiencias prácticas en este ámbito de varias empresas, abordando «los retos y oportunidades de la integración de personas con discapacidad, desde la perspectiva empresarial, de forma práctica y realista».
En palabras del responsable de Selección de Personal de Opencor, José Escalante, los buenos objetivos cumplidos en cuanto a la contratación de discapacitados en el caso de su compañía «se han producido mediante la unión de capacidad, esfuerzo y formación».
Al respecto, Barbara Celoria, directora de Recursos Humanos del Grupo Konecta, explicó que en su plantilla hay 128 personas con alguna discapacidad y agregó que «hay que trabajar en la sensibilización y concienciación de toda la empresa y creer que es posible».
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