Cerca del 80% de las empresas españolas siguen sin cumplir con la obligatoriedad de reservar un cupo de contratación de al menos el 2% de su plantilla (para empresas a partir de 50 trabajadores), que se conoce como LISMI (Ley de Integración Social de los Minusválidos), según datos del Observatorio del Grupo SIFU sobre Integración Laboral en la Empresa presentado esta tarde.
En este sentido, el cien por cien de los empresarios encuestados para la elaboración de este Observatorio reconocen conocer la legislación que establece que las empresas de más de 50 trabajadores deben tener un 2% de la plantilla ocupada por personas con discapacidad, pero sólo el 20% cumple con la normativa.
El Observatorio, junto al que también se presentó la Memoria Anual de actividades de este centro especial de empleo, se elaboró durante el último trimestre de 2005 sobre una muestra de 400 compañías con una plantilla superior al medio centenar de trabajadores y con el objetivo de evaluar la situación actual en lo que se refiere al acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad.
Entre las conclusiones del trabajo destaca que ocho de cada diez empresas españolas aseguran «no tener suficiente información ni tampoco las facilidades necesarias para poder contratar personas discapacitadas».
La mayoría de las empresas que han colaborado en la realización de este estudio han reconocido que uno de los ‘handicap’ con los que se encuentran a la hora de contratar a personas con discapacidad es la falta de información sobre las ayudas y recursos a los que pueden acceder, así como las fórmulas existentes para contratar personas con certificado de discapacidad. Un 94% de los consultados saben sin embargo que sí tienen la posibilidad de acceder a compensaciones económicas.
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