El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, afirmó ayer que la Comunitat Valenciana, la Región de Murcia y Galicia son las regiones ‘a la cola de España’ respecto al grado de cobertura social.
Caldera hizo estas declaraciones en un acto sobre el proyecto de Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia celebrado en la sede de UGT en Alicante, al que asistieron unas doscientas personas, entre ellos el secretario general del PSPV-PSOE, Joan Ignasi Pla, y la subdelegada del Gobierno, Etelvina Andreu.
El ministro explicó que la media nacional del grado de cobertura se sitúa en el 10 por ciento y que todavía hay que hacer un esfuerzo por mejorar el índice, aunque añadió que en autonomías como la valenciana la cifra cae hasta el 6,5 por ciento, según los datos de que dispone a fecha de 2004.
Apuntó que Murcia y Galicia acompañan a la Comunitat al final de esta tabla, y comentó que esta situación causará que en los próximos años el Estado deba invertir más dinero en estas regiones para compensar el grado de cobertura a las personas dependientes, de las que se estima que hay 3,5 millones en el país.
Por el contrario, indicó que en Castilla La Mancha el índice se eleva hasta el 15 por ciento, a la que le siguen Extremadura, con el 14; Navarra, con el 13, y la Comunidad de Madrid, con el 12.
Respecto al proyecto de Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, confió en que pueda ser apoyado por unanimidad en las Cortes, dado que es la ‘más desarrollada socialmente’, y que entre en vigor el 1 de enero, ya que es ‘histórico’ al reconocer el derecho de los dependientes a recibir una atención adecuada.
Animó a la patronal a la contratación de discapacitados y comentó que, según datos del Ministerio, este colectivo presenta menos bajas laborales por enfermedad que el resto, lo cual refleja que son ‘más productivos’ y que los empresarios ‘pueden perfectamente fiarse de su capacidad’.
Como refuerzo a este tipo de contratación, recordó que, a la ayuda de 4.000 euros por incorporar a un discapacitado, la nueva ley prevé añadir otros 3.000 anuales de bonificación, por lo que ‘prácticamente no tendrán costes de Seguridad Social’.
También se refirió a la financiación de la futura ley, de la que se prevé que sea compartida al 50 por ciento por Estado y autonomías, y calificó de ‘demagogos’ a quienes desde el PP piden que se sufrague totalmente por el Gobierno central, ya que dijo que no hicieron lo suficiente en esta materia en sus años de gobierno.
En cuanto a la Comunitat, Caldera aseguró que los servicios sociales están ‘menos desarrollados’ que en otras, por lo que será necesario ‘invertir más’ que en autonomías como Cataluña.
Por ello, confió en que La Generalitat no ponga reticencias a participar en el plan, al igual que ya han expresado regiones populares como Madrid y Navarra.
En Alicante, dijo que hay unas 40.000 personas dependientes para los que es preciso invertir 150 millones de euros para su atención y añadió que, de ellos, un tercio son los casos más graves.
El ministro también se refirió a la recientemente consensuada reforma laboral, de la que destacó que hará que ‘el empleo temporal en España vaya a ser más caro que el indefinido’, lo que repercutirá en mejorar la estabilidad en el trabajo de jóvenes y mujeres.
Advirtió de que se reforzarán los servicios de inspección para evitar nuevos contratos temporales para puestos que deberían ser indefinidos, y agregó que se reforzarán las sanciones a los que incumplan estos objetivos a partir del 1 de julio.
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