Los empresarios y los representantes sindicales continúan manteniendo el debate entre orientar la RSC hacia la voluntariedad o aprobar una normativa, según se desprendió de las conclusiones de una nueva Jornada organizada el viernes en Barcelona por ESADE y el Centro de Estudios Económicos y Sociales de Barcelona (CEES) que llevó por título 'Responsabilidad Social Empresarial: Entre la voluntad y la norma'.
Durante el Encuentro, en el que los asistentes debatieron sobre las conclusiones de la Subcomisión para el fomento de la Responsabilidad Social Corporativa del Congreso de los Diputados, los representantes de empresas insistieron en el carácter voluntario que deben tener las acciones de RSC, mientras que los sindicatos y políticos apoyaron una normativa "para promoverla y sistematizarla".
"No hay decisión económica que no tenga repercusión social", señaló en este sentido el director del Instituto Persona Empresa y Sociedad de ESADE (IPES), Josep María Lozano, en relación a la necesidad de la responsabilidad social corporativa. El profesor Lozano abrió el ciclo de ponencias y mesas redondas en torno a las conclusiones de esta Subcomisión del Congreso de los Diputados.
Lozano comentó estas conclusiones, pero huyó de las definiciones. Para el director del IPES, la globalización y la multiplicación de actores que ha conllevado su elaboración, "obligan a una redefinición de la ética empresarial en la que la responsabilidad debe ser de todos y cada uno de los actores" y en la que el deber de la Administración pública "debe ser el de verificar, potenciar y regular las acciones de RSE".
Por su parte, el catedrático de Derecho Tributario de la Universidad de Barcelona, Tulio Rosembuj, continuó con un discurso que remarcó el cambio de paradigma empresarial, en el que la RSE supone "la expresión de la dialéctica entre el valor de mercado de la empresa y el mercado de los valores".
Rosembuj defendió que la RSE aporta a las empresas una ventaja competitiva que les permitirá entrar en otros mercados a los que sólo con la lógica del beneficio no podrían acceder. En otras palabras, afirmó que la RSE funciona como un factor diferencial y voluntario, "por encima y más allá de la ley", en un mercado saturado de ejemplos de malas prácticas profesionales.
POSTURAS ENCONTRADAS
Todos los representantes sindicales presentes en el Encuentro coincidieron en la idea de apostar por la participación de todos los agentes implicados en la negociación colectiva de una normativa que recogiese las directrices de la RSE.
En el mismo sentido, el director del Departamento de Economía y Estudios de PIMEC, Albert Roca, afirmó que la falta de participación en los debates de la Subcomisión, se había producido desde el lado de las pymes.
Según Roca, la normativa pensada para paliar los efectos de la ineficiencia de las empresas transnacionales "se está intentando aplicar también a las pequeñas empresas", a una escala local en la que "sólo supone gastos innecesarios que disminuyen la competitividad". "Si queremos cambiar la cultura lo que no podemos es hablar de normativa", señaló.
Del mismo modo, el director ejecutivo de Fomento del Trabajo, Joaquín Trigo, defendió que las empresas "tienen el deber de ser responsables", pero hacer de esa responsabilidad una carga burocrática más "es innecesario". Trigo tachó de "inquisidores voluntarios" a aquellos agentes sociales que abogan por la normalización de la RSE afirmando que todas las imposiciones dan malos resultados y que "una empresa no es una ONG ni puede permitirse perder dinero".
Para Trigo "todo tiene un coste" y este puede lastrar la competitividad. Al contrario, el responsable de Reputación Corporativa de La Caixa, Ángel Pes, pese a defender la voluntariedad de la RSE, aseguró que es una "inversión cada vez más necesaria" que "responde a las nuevas exigencias de los clientes a las que las empresas deben responder".
Durante las últimas intervenciones, el diputado de CiU y miembro de la Subcomisión de RSC del Congreso, Carles Campuzano, consideró que los trabajos de conclusiones que se elaboraron tras el cierre de ésta hay que considerarlos como "una oportunidad para hacer mejor lo que ya estamos haciendo" que "puede servir para mejorar la sociedad".
Finalmente, el diputado del grupo PSC-CpC en el Parlamento de Cataluña y profesor de Ciencias Sociales en ESADE, Toni Comín, concluyó la Jornada con la defensa del papel de la Administración pública como árbitro. "Un árbitro que fomente la RSE pero también la regule sin contradecir su carácter voluntario", puntualizó.
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