El representante en la Comunitat Valenciana de la Asociación Española de Escoltas, Ricardo Carrasco, propuso al subdelegado del Gobierno, Juan María Calles, un plan de colaboración entre la seguridad privada y la pública para la protección personal de las víctimas de la violencia doméstica, e instó a hacer efectiva la colaboración, dado que la legislación actual contempla los mecanismos necesarios para la puesta en marcha de ese plan. El subdelegado del Gobierno en Castellón es la primera autoridad en recibir el texto íntegro del Plan Integral de Protección Personal diseñado por los escoltas privados para las víctimas de la violencia de género, que, con posterioridad, se dará a conocer al resto de subdelegados en la Comunitat, al delegado del Gobierno, a las autoridades autonómicas y a los alcaldes de los municipios más importantes.
Los escoltas garantizan que la aplicación de ese plan aseguraría la protección continua de las víctimas de violencia doméstica amparadas por órdenes de alejamiento o protección. Se trataría, según Ricardo Carrasco, de complementar la labor de la seguridad pública hasta lograr una protección integral de las víctimas.
El Plan Integral de Protección Personal diseñado por los escoltas privados para las víctimas de violencia de género contiene una propuesta de desarrollo operativo que recomienda un análisis pormenorizado, caso por caso, para determinar el nivel de protección adecuado a cada circunstancia, proporcionar a la persona protegida medios técnicos de aviso, el establecimiento de un escolta por cada cinco personas protegidas siempre que la zona de protección no sea superior a los cinco kilómetros entre las personas protegidas más alejadas entre sí, y dotar a los escoltas de sistemas de comunicación innovadores, pulsadores, detectores de presencia, teléfono móvil de contacto y armas reglamentarias.
El plan propone crear equipos de protección por zonas, distritos, barrios, ciudades y pueblos en función del número de personas a proteger, siempre coincidiendo con distritos policiales o de Guardia Civil para facilitar la coordinación. Propone también controles de vigilancia en las proximidades del domicilio de la víctima y en su entorno laboral para impedir que se vulneren las órdenes de alejamiento y protección.
Tanto el representante de la Asociación de Escoltas como el subdelegado del Gobierno coincidieron en señalar que en los últimos años los ministerios de Interior y Justicia "han intentado atajar el creciente número de casos con víctimas mortales mediante protocolos de actuación, la creación de instrumentos legales y modificaciones legislativas, al tiempo que se ha movilizado a organizaciones sociales, políticas y judiciales, aunque ello no ha redundado en la obtención de éxitos a la vista de las estadísticas".
en este tipo de delito
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