La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, suscribió con diez empresas de la región un acuerdo de colaboración para que faciliten trabajo a casi 700 víctimas de violencia de género. Son El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Fundación Adecco, Grupo Vips, Europcar, Peugot-Citröen, Halcón Viajes, Sol Meliá y Viajes Marsans. El Gobierno regional se encargará de seleccionar a las mujeres y planificar acciones formativas para ellas de acuerdo con los empleos ofertados, mientras que las compañías se comprometen a contratarlas una vez hayan sido capacitadas por el Servicio Regional de Empleo. Por cada contratación indefinida de una de ellas, las empresas recibirán una subvención de 3.000 euros, un incentivo para el que el presupuesto regional de 2007 reserva una partida de un millón de euros.
En un acto celebrado en la Real Casa de Correos en la víspera del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Aguirre dijo que la inserción laboral de las víctimas de malos tratos es "uno de los compromisos más serios, trascendentes y de justicia" que tiene asumido su Ejecutivo, pues es lo que les permite lograr "independencia económica" y, con ello, su "autonomía personal".
"Hay mucho dolor y sufrimiento detrás de cada caso", advirtió la presidenta autonómica, partidaria de "exigir tolerancia cero de toda la sociedad" frente a la violencia de género, un fenómeno que se da, según recordó, en todos los "estratos socioeconómicos y culturales" y en cualquier tramo de edad.
440 VÍCTIMAS YA HAN LOGRADO UN EMPLEO
Aguirre se refirió a la labor desarrollada desde el Punto de Intermediación Laboral para víctimas de malos tratos ubicado en el complejo de Azca de la capital, que hasta octubre atendió a 1.118 mujeres, 440 de las cuales ya están trabajando. Este servicio se verá reforzado próximamente con la apertura de otra sucursal en el distrito de Carabanchel, concretamente en la Oficina de Empleo Águeda Díez.
La presidenta regional recordó que fue en 1998, siendo ministro de Trabajo y Asuntos Sociales su compañero de partido Javier Arenas, cuando el Gobierno de la Nación adoptó el primer plan de acción contra la violencia de doméstica, mientras que en el ámbito autonómico la Comunidad de Madrid aprobó en diciembre de 2005 la Ley Integral contra la Violencia de Género, que parte de un concepto más amplio y protector de la víctima –entendiendo como tal también a los hijos, como testigos del maltrato–, así como de la violencia, incluyéndose no sólo las agresiones que se dan en pareja, sino también las que del ámbito laboral, las sexuales, el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual y las mutilaciones genitales.
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