Algo falla en las políticas sociales de empleo a tenor de los datos conocidos con motivo de la celebración ayer del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La cifra es preocupante: el 23,8 por ciento de la población activa con alguna minusvalía no tiene trabajo, según la Fundación Adecco. En España hay 3,5 millones de personas con algún tipo de discapacidad, colectivo del que un millón está en edad de trabajar.
El sindicato UGT denunció que sólo tres de cada mil personas que se contratan son discapacitadas, lo cual supone un incumplimiento «flagrante» de la legalidad, que mediante la Ley de Integración Sociolaboral del Minusválido establece que las empresas con más de 50 personas deben reservar un 2 por ciento a puestos de trabajo para discapacitados, un porcentaje que en 2005 se quedó en el 0,3 por ciento. De esos contratos, sólo el 10 por ciento se hacen «en buenas condiciones», según la valoración del informe presentado por Adecco.
Sin independencia
La única manera que un discapacitado tiene para poder llevar a cabo una vida independiente o formar una familia es, al igual que para el resto de personas, ganar un sueldo digno. Lo que podría parecer una obviedad es un asunto grave teniendo en cuenta que los discapacitados tienen unas necesidades especiales, con lo que si no ganan el dinero suficiente para cubrirlas se convierten en personas dependientes. Esa dependencia tiene un doble impacto. El primero, para sus familiares, que deben hacerse cargo de ellos. El segundo, un impacto psicológico para los propios discapacitados, que llegan a considerarse como una carga o un estorbo para sus familiares y amigos, lo que acarrea serios problemas psicológicos.
Pero la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad no se debe quedar en una reclamación laboral. Hay otros ámbitos a los que hay que prestar atención para que los discapacitados lleven una vida lo más normal y cómoda posible.
La Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (Famma), solicita a la Administración un incremento de las ayudas y que se establezcan políticas vinculantes de integración de las personas con discapacidad.
El objetivo al que se encaminan los esfuerzos del colectivo es a lograr «un acceso a una educación superior de calidad, un ocio accesible y unos servicios sociales y sanitarios adecuadamente formados para atender las demandas del colectivo». Otra de las cosas que más preocupa al colectivo de minusválidos es la movilidad en las ciudades, que «se diseñan a base de parámetros de modernidad propios del siglo XXI, pero que a veces en sus calles o edificios olvidan a este 10 por ciento de la población», afirman desde Famma.
Un ejemplo de esas complicaciones es la reclamación de CC. OO. que pide a los bancos y a las cajas de ahorros que adapten sus páginas web a los estándares de accesibilidad para minusválidos.
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