El Gobierno está contemplando reducir la edad de jubilación de los trabajadores por cuenta propia discapacitados, según explica en un estudio actualizado sobre el impacto de la jubilación anticipada de las personas con discapacidad, conforme a la Ley de Medidas para el Establecimiento de un Sistema de Jubilación Gradual y Flexible.
Así responde el Ejecutivo socialista a la petición del diputado de CiU Carles Campuzano, de recibir el mencionado informe, donde también se estudia ampliar a este colectivo el cómputo del tiempo trabajado durante los periodos en que se acredite un importante grado de discapacidad.
En la misma línea, el Gobierno contempla una segunda modificación de la normativa actual que "puede ir encaminada a exigir la edad bonificada o ficticia de los 60, 61 ó 65 años para acceder, además de a la jubilación parcial, a cualquier otra modalidad de jubilación que en cada caso corresponda".
Respecto a la segunda medida, concreta que una posible extensión o flexibilización de la jubilación anticipada en favor de los trabajadores discapacitados "iría en contra de los actuales postulados de retrasar el acceso a la jubilación".
Además, subraya en el estudio solicitado por los nacionalistas catalanes que dichas medidas también se "contraponen con los actuales criterios nacionales y las tendencias europeas en materia de jubilaciones anticipadas".
El estudio elaborado por el Gobierno indica que existe en la mencionada Ley "un cierto margen de maniobra para introducir dos acciones positivas" como las descritas, orientadas a establecer la igualdad de oportunidades sin que acarree perjuicios para las personas sin discapacidad.
PARTICIPACIÓN DE INTERLOCUTORES SOCIALES.
Por otra parte, señala que las posibles acciones positivas en materia de prestaciones de la Seguridad Social para personas con discapacidad deben vincularse en la regulación del conjunto de derechos de las personas en situación de dependencia, incluidos en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
En este contexto, el Gobierno insta a los interlocutores sociales a participar en la inserción laboral de personas, tanto en el diseño como en el desarrollo de las políticas públicas, y a facilitar el tránsito de este colectivo de una vida laboral activa a fórmulas flexibles y graduales de inactividad.
Finalmente, el estudio del Ejecutivo recuerda que las modificaciones oportunas de esta normativa deben ser abordadas por la Mesa de Diálogo Social y en el marco de las recomendaciones del Pacto de Toledo.
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