El responsable de la Subcomisión para el fomento de la RSC del Congreso de los Diputados, que ha presentado recientemente sus conclusiones en forma de 'Libro Blanco', Ramón Jaúregui (PSOE), defiende la figura de las instituciones públicas como "empleadores clave" y, por tanto, como "ejemplo" de buenas prácticas en materia empresarial.
En un documento de respuesta recopilado tras su intervención entre los pasados 8 y 12 de enero en el Foro 'on line' de entrevistas de la web 'www.cooperacionsolidaria.org', Jaúregui atiende las dudas de los usuarios relacionadas con la RSC y las Administraciones públicas y sobre cómo promover su integración e implantación desde este sector.
"Efectivamente las Administraciones públicas deben dar ejemplo en política de RSE", matiza Jaúregui, pero ésto "no es sólo cosa de los funcionarios, aunque también". A su juicio, y en primer lugar, "deben ser los responsables públicos quienes introduzcan la cultura de la RSE en sus organizaciones, desde los Ayuntamientos hasta los ministerios, desde las Universidades hasta los organismos autónomos", para después, y una vez que conozcan lo que es la RSE puedan después aplicarla integralmente en su funcionamiento", agrega.
Respecto a los funcionarios, Jaúregui dio la razón al usuario que le plantea la 'apatía' de muchos de ellos en sus puestos de trabajo y recomendó "aprender que otros países", como Suecia, Noruega o Dinamarca, en los que hay, por otra parte, una social democracia "muy avanzada". "Estos países han aplicado políticas a los funcionarios que en España pueden parecer escandalosas y que tienen que ver con el servicio público que prestan, no con la condición laboral de los funcionarios", explica.
En esos países y en otros, "se están estableciendo medidas con los funcionarios para que sean más flexibles, para que haya una relación individual con el trabajo que realizan, con los objetivos que tienen que cumplir, en definitiva, incorporando criterios de empresa privada o del mercado, que hacen mucho más eficiente el servicio publico".
En cualquier caso, "primero deben ser las Administraciones publicas las que incorporen las políticas de la RSE y naturalmente los funcionarios, como segundo paso, los que tienen que comprometerse con esos principios y con esos objetivos".
POSTURA DE LA CEOE
En respuesta a la pregunta sobre la postura de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) -hecha pública recientemente en un comunicado- rechazando que la RSC compute en los contratos públicos, Jaúregui muestra su discrepancia con esta oposición a las medidas de estímulo a las empresas en favor de la RSE.
Su argumento principal, agrega, radica en que existen otros muchos estímulos fiscales y de otro tipo a las empresas para que realicen cosas que no son legalmente obligatorias.
Por ejemplo, cuando se estimula la contratación laboral de determinados colectivos, o se establecen medidas fiscales que favorecen la inversión en investigación, desarrollo e innovación, que no es propiamente una obligación legal, pero que "todo el mundo entiende que un país prime y favorezca ese tipo de inversiones porque favorecen la competitividad de las empresas". Siguiendo ese mismo camino, en su opinión, "cabe que un país establezca medidas de estimulo de diversa naturaleza a a las practicas de RSE".
En este sentido, el Informe de conclusiones de la Subcomisión del Congreso de los Diputados recomienda este tipo de medidas y, recuerda, "muchas Administraciones públicas ya lo están haciendo".
Por ejemplo, Vizcaya que ya está trabajando en esa dirección, o Andalucía, que acaba de publicar un amplio documento sobre medidas de contratación pública que favorezcan las políticas medioambientales. Lo mismo está haciendo Aragón de cara a 'Expo 2008' y el Ayuntamiento de Zaragoza; e incluso el propio Ministerio de Medio Ambiente tiene medidas en este sentido. Francia tiene una ley en la misma dirección.
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