Esta propuesta será discutida el próximo viernes en el seno del Consejo Nacional de Discapacidad (CND), que tiene el mandato de modificar la legislación sobre propiedad horizontal, con el objetivo de favorecer la accesibilidad de personas con discapacidad y mayores.
En concreto, el proyecto de ley redactado por el CERMI prevé la obligación de la comunidad de vecinos de realizar las obras y actuaciones necesarias para que los elementos y servicios comunes del edificio reúnan 'en todo momento' las debidas condiciones de accesibilidad.
El objetivo es suprimir o reducir las barreras arquitectónicas, sensoriales y de la comunicación que puedan existir.
Según este documento, la comunidad de propietarios sólo se podrá oponer a la ejecución de las obras si se pudiera comprometer la seguridad estructural del edificio o provocar daños en la cimentación, soportes, vigas, forjados, muros de carga u otros elementos.
La propuesta del CERMI también permite a las personas discapacitadas que se encuentren en situación de alquiler, a realizar obras en el interior de la vivienda para que pueda ser utilizada de forma adecuada a su situación, o a la edad superior a setenta años, previa notificación escrita al arrendador.
El Consejo Nacional de la Discapacidad está constituido por representantes de los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, Vivienda, Justicia, y Economía y Hacienda, así como por representantes del propio CERMI.
Hasta ahora cuando en una comunidad de propietarios un vecino con algún tipo de discapacidad solicita la acometida de unas obras para la mejora de su accesibilidad a la vivienda, son los propios discapacitados quienes suelen correr con todos los gastos de los trabajos. Además, deben obtener todos los permisos preceptivos del resto de vecinos para evitar denuncias que impidan o retrasen las obras.
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