El pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer por unanimidad una proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a ratificar la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, de la ONU, para su debate en Pleno.
La convención, adoptada por la Asamblea de la ONU en diciembre de 2006, pretende asegurar a todas las personas con discapacidad su plena inclusión en la sociedad y la eliminación de barreras y restricciones que impidan su participación efectiva en la misma. Según datos de la ONU, se calcula que en todo el mundo viven 150 millones de discapacitados.
Esta iniciativa contó con el respaldo de todos los grupos, no sin críticas y dudas sobre las políticas del Gobierno en este ámbito, empezando por ERC, que exigió al Ejecutivo la adopción de esta propuesta en un plazo máximo de seis meses.
Por parte del PP, el diputado José Domingo Oreiro reclamó la puesta en marcha de una campaña de sensibilización para transmitir a la sociedad el contenido de la convención y acciones necesarias para difundir este mensaje de manera accesible al sector de la discapacidad. Además, aprovechó su intervención para criticar al ministro de Trabajo, Jesús Caldera, por no haber comparecido aún ante la Comisión del Congreso desde su constitución en 2004.
Otros grupos, como el PNV, exigieron al Gobierno "coraje" para ampliar el acceso de los discapacitados al empleo y la formación, así como garantizar el derecho a votar en 'braille'. El resto de los grupos, como CiU o IU criticaron el "escaso desarrollo" de leyes de Integración (LISMI) e Igualdad y no Discriminación (Liundau).
LA CONVENCIÓN DE LA ONU
El Gobierno y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) acordaron recientemente una declaración de apoyo a esta convención, marcándose como objetivo que España esté entre los primeros países que presenten el instrumento de ratificación y con ello contribuya a una pronta entrada en vigor de la Convención.
El Congreso de los Diputados debe manifestar su apoyo al Gobierno y al CERMI y sumar esfuerzos hacia el objetivo común de lograr que la ratificación de la Convención se realice lo antes posible.
La convención, insta a los estados miembros a promover legislaciones que garanticen el derecho de las personas discapacitadas en distintos ámbitos: derecho a la vivienda, a la independencia, la movilidad, la educación, la salud, el trabajo, el empleo, la participación política, social, cultural, así como en el esparcimiento en el deporte.
Esta iniciativa responde a la preocupación de Naciones Unidas ante las berreras que encuentran estas personas y la vulneración de Derechos Humanos en todas las partes del mundo, especialmente las mujeres y los niños.
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