El director de Comunicación de la Comisión Nacional de Obras Sociales de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), Carlos Balado, destacó hoy, en rueda de prensa, "el giro que se está produciendo" en lo que respecta a la inversión de obra social en los capítulos de "asistencia social y sanitaria, el cuidado al Medio Ambiente y la inmigración".
Y es que, según recordó, "la inversión en asistencia social y sanitaria creció en 2006 en una tasa del 21,23 por ciento", mientras que el cuidado al Medio Ambiente experimenta, desde "hace cinco o seis años, un aumento de un 47 por ciento"; algo que calificó de "significativo" ya que, en su opinión, "se corresponde a lo que los ciudadanos demandan, cuestiones que ven interesantes y que las cajas abordan".
De este modo, subrayó que "en las últimas encuestas se observa que la protección del Medio Ambiente es una de las cuestiones en donde los ciudadanos creen que las empresas tienen que invertir, mientras que el otro concepto que más llama la atención es el tema social, como las situaciones de dependencia y discapacitados".
En el sector de la inmigración, puso de manifiesto que, "en el último año, la inversión se ha situado en 10 millones de euros para distintos programas, como ayudar a las personas con el idioma y a que encuentren trabajo", aunque consideró que "es difícil hacer estimaciones para este año".
Así, enfatizó que son estos capítulos "a los que se están refiriendo la mayor parte de la inversión realizada", y resaltó que "desde hace algunos años, las inversiones están creciendo no sólo en la inmigración, sino también en los mayores, discapacitados y el Medio Ambiente".
MÁS DE 40 MILLONES DE BENEFICIARIOS E INVERSIÓN "LOCAL"
En lo que respecta al presupuesto que se destinó el pasado año, el presidente de CECA, Manuel Aguilar, precisó que la dotación conjunta fue de 1.524 millones de euros, "con más de 40 millones de beneficiarios". No obstante, puntualizó que "cada año, los porcentajes de distribución del presupuesto a distintos sectores varía en función de la asignación de esas prioridades".
En este punto, Balado especificó que "el 40 por ciento, equivalente a 609 millones, está dedicado a la cultura; 489 millones son para asistencia; 262 para investigación y educación; y 164 millones de euros son para patrimonio artístico, histórico y del Medio Ambiente".
Por ello, dejó claro que "con esta inversión se consigue crear riqueza y empleo, además de suponer un instrumento de cohesión social y territorial, consiguiendo equilibrar los territorios". De hecho, Balado argumentó que "si se analiza esta inversión por persona y tamaño de provincia, se comprueba que la inversión en Obra Social es más alta por habitantes en las 13 provincias menos pobladas de España y que sólo representan al 5 por ciento de la población total del país".
En esta misma línea, indicó que "están enfocadas a los municipios", por cuanto es una inversión "local", constituyéndose, además, como "complementarios a las inversiones que realizan otras Administraciones, ya que se llega a grupos donde, a veces, Ayuntamientos y gobiernos no llegan". Asimismo, observó que "se ha comprobado que, por municipios, en aquellos que son pequeños con rentas inferiores a lo que está catalogado como umbral de la pobreza, tenemos una inversión elevada".
Sin embargo, acentuó que "la inversión depende mucho de la población y el municipios; y en aquellos donde la mayoría de residentes son personas mayores, se verá más inversión en asistencia social, mientras que en los que esto está más cubierto por las Administraciones, la inversión más alta se hará en cultura, y en los afectados por la sequía, el Medio Ambiente".
Aguilar enumeró, por tanto, esas prioridades "emergentes" actuales, referidas "a la I+D+i, que incluye formación, capital humano e inversión empresarial; mayor empeño en los programas de carácter socioasistencial; programas de carácter medioambiental, desde educación medioambiental hasta la intervención en el territorio; de apoyo al Tercer Sector y voluntariado; el acceso a una cultura accesible; y la acogida de inmigrantes". Éste último tema, el de la inmigración, se tratará en la reunión de la próxima convención nacional, indicó Aguilar.
Balado también dio cuenta de los resultados obtenidos al cierre del ejercicio anterior, aunque son "provisionales", y aseguró, en este sentido, que la Obra Social "es la misión, y no la obligación, de las cajas, con la que se pretende crear riqueza económica evitando la exclusión, ya que, según los baremos utilizados por la Unión Europea en España, "existen colectivos que están en situación de riesgo de exclusión, incluso algunos están en situación de pobreza".
"En función de estos datos –continuó– el umbral se hace midiendo a partir de la renta media anual por unidad de consumo que en España es de 11.708 euros". Igualmente, subrayó que "el umbral de exclusiones establecido está en los 6.278 euros, que en España afecta a casi nueve millones de personas que estarían en situación de vulnerabilidad, mientras que el umbral de pobreza severa está en torno a los 4.600; por lo que del total de esos nueve millones de personas, dos millones están en situación de pobreza severa".
PERFIL DEL INMIGRANTE QUE SOLICITA MICROCRÉDITOS SOCIALES
En esta rueda de prensa también se habló del microcrédito social, "un instrumento financiero al servicio de la integración social que se concede a personas portadores de un proyecto viable de empleo, pero que carecen de avales para conseguir la financiación necesaria", según Aguilar.
De este modo, recordó que "el año pasado, se concedieron más de 4.000 operaciones con un volumen de inversión de 50 millones de euros y casi 5.000 puestos de trabajo creados en torno a estos proyectos".
A su vez, consideró que el microcrédito "se adecua muy bien a las necesidades de un determinado segmento de los inmigrantes", e hizo referencia a la existencia de un "porcentaje alto que supera al 50 por ciento de los beneficiarios de los microcréditos, que son inmigrantes".
Al respecto, Balado concretó que el perfil responde a una "mujer, de entre 35 y 40 años, inmigrantes, que además tiene una idea clara de negocio y que acude a las entidades para poner un proyecto de autoempleo en marcha en función también de sus capacidades".
No obstante, Aguilar incidió que "cada caja tiene su producto social microcrédito, por lo que no son todos iguales". Pese a ello, apuntó que "se puede estar hablando de un importe medio entre los 9.000 y 10.000 euros de concesión de microcrédito, con un plazo medio de seis años para su devolución, seis meses de carencia e intereses que oscilan entre el 3 y el 6 por ciento".
Por último, y a preguntas de los medios sobre cómo pueden afectar las fusiones entre las cajas de ahorro, Balado dijo que "eso no ha tenido ninguna incidencia en la inversión en la Obra Social, consiguiendo que la caja obtuviera más recursos".
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