El Gobierno y las comunidades autónomas acordaron el miércoles los servicios y la cuantía concreta de las prestaciones económicas que recibirán este año las personas evaluadas como grandes dependientes, unas 200.000, según los cálculos del Libro Blanco de la Dependencia.
Del mismo modo, en la reunión de hoy entre Ejecutivo y los responsables de las comunidades autónomas se informó de la inversión de 220 millones de euros que hará el Gobierno para financiar la puesta en marcha del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), así como de su reparto entre las distintas regiones, algo con lo que las autonomías gobernadas por el PP no están de acuerdo.
El catálogo de servicios para las personas consideradas como grandes dependientes acordado incluye la prevención y promoción de la autonomía personal, la teleasistencia, la ayuda a domicilio (entre 70 y 90 horas mensuales garantizadas para los casos más graves), centros de día y de noche y atención residencial.
En caso de que no exista oferta pública del servicio que se
requiera, las personas con gran dependencia podrán recibir una serie de prestaciones económicas para adquirirlo o para
sufragar cuidados en el entorno familiar.
Concretamente, las cuantías acordadas para sufragar la
prestación económica para que la persona pueda adquirir el
servicio en el mercado privado ascienden a 585 euros y a 780, según se trate de un gran dependiente de nivel 1 o de nivel 2.
Igualmente, el Consejo Territorial acordó que los
familiares que cuidan a las personas mayores y a las personas con discapacidad que no se pueden valer por si mismas reciban una prestación de hasta 487 euros mensuales, además del coste de la cotización a la Seguridad Social y de las acciones de formación (74 euros), que corren a cargo del Estado, en el caso de los grandes dependientes de nivel 2, y de hasta 390 más los 74 de la Seguridad Social, en el de los enmarcados en el nivel 1.
Además, la ley de dependencia prevé la prestación del
asistente personal, una figura cuya misión es facilitar el
acceso a la educación y al trabajo, así como posibilitar una
mayor autonomía en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria a las personas con gran dependencia. La cuantía para la contratación de un asistente personal para una persona catalogada como gran dependiente en el nivel 1 asciende a 585 euros, mientras que para la considerada como gran dependiente dentro del nivel 2 es de 780 euros.
Según aseguró la secretaria de Estado de Servicios
Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, a los
medios de comunicación al término de la reunión, una vez que las personas hayan sido evaluadas por los equipos
correspondientes y catalogadas como grandes dependientes, podrán solicitar estos servicios en sus comunidades, si así lo recomienda el Plan Individualizado de Atención (PIA) fijado en cada caso.
En la reunión celebrada, el Gobierno informó a las comunidades del reparto de 220 millones de euros que hará el Ejecutivo este año entre las regiones y que se invertirá a través de convenios.
En este punto, las comunidades autónomas gobernadas por el PP mostraron su desacuerdo por considerar que salen
"perjudicadas" y señalaron que así se lo han hecho saber al Gobierno a través de alegaciones formuladas por escrito.
Si estas alegaciones no se estiman, "tendrán que entrar los
servicios jurídicos", declaró a los medios de comunicación la
consejera de Servicios Sociales de La Rioja, Sagrario Loza. En esta distribución se han tenido en cuenta criterios como el número de personas mayores y personas con discapacidad de cada comunidad, la estimación de grandes dependientes, la superficie o la insularidad. De los 220 millones, 20 se han distribuido según el nivel de renta para compensar a las comunidades con menor riqueza.
En cuanto a la coparticipación de los beneficiarios, las
comunidades autónomas deberán aplicar por el momento el copago que utilizan actualmente en sus servicios sociales.
Para acceder al Sistema de Dependencia, los ciudadanos
deben solicitar una evaluación en los servicios sociales de su comunidad para determinar su grado y nivel de dependencia. La evaluación, que podrá llevarse a cabo en el domicilio del beneficiario, se realiza mediante el baremo en vigor.
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