La secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, Amparo Valcarce, afirmó ayer que el Gobierno y las comunidades autónomas fijarán en seis meses el sistema común de copago al que se acogerán los beneficiarios de la Ley de Dependencia.
"Las comunidades autónomas y el Gobierno tenemos el compromiso de, en el plazo de seis meses, establecer un sistema común" para regular la aportación económica que hagan los beneficiarios de la Ley de Autonomía Personal en función de los servicios que reciban, subrayó Valcarce en un desayuno informativo en Servimedia.
Este sistema, precisó, se establecerá teniendo en cuenta la
capacidad económica de los beneficiarios y será "justo y
progresivo".
De momento, cada comunidad debe utilizar los mismos criterios que aplica actualmente en la fijación del copago de los servicios sociales que presta para establecer la cofinanciación que harán los usuarios de la Ley de Dependencia.
En cualquier caso, insistió la secretaria de Estado, el
sistema común de copago para todas las comunidades que fijarán Gobierno y ejecutivos autonómicos se establecerá teniendo en cuenta la capacidad económica de los beneficiarios y será "justo y progresivo".
"Ninguna persona puede quedar sin atención por falta de
recursos", concluyó la secretaria de Estado de Servicios
Sociales.
Financiación
La secretaria de Estado de Servicios Sociales también aseguró que "no está prevista, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo, ninguna subida de impuestos" para hacer frente al gasto que supondrá la puesta en marcha de la Ley de Dependencia en España.
"No está prevista ninguna subida de impuestos, entre otras cosas, porque no es necesaria", ya que "la economía española crece más que ninguna otra y estamos ya en el 4 por ciento", afirmó Valcarce en relación con unas reflexiones realizadas desde la Oficina Económica de Moncloa sobre esta posibilidad.
Además, argumentó,"el crecimiento de la economía española va unido a un mercado laboral muy dinámico, tan dinámico que tenemos ya 20 millones de personas en la Seguridad Social", lo que supone un superávit en las cuentas públicas de 1,5 puntos del Producto Interior Bruto (PIB).
Este superávit, explicó, facilita la correcta financiación en los términos de la memoria económica de la ley, por lo que "está asegurada la financiación del Sistema de Dependencia sin que sea necesario ningún esfuerzo fiscal adicional".
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