El secretario general de Empleo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Antonio González, afirmó ayer en Santander que la responsabilidad social de las empresas "o es voluntaria o va a ser muy difícil" de poner en marcha, por lo que descartó que el Gobierno vaya a impulsar una normativa que obligue a las empresas a ejecutar estas prácticas.
"En esta fase de impulso de la responsabilidad social no se va a promover una norma", dijo así González en declaraciones a los medios antes de la clausura de un encuentro de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre 'Responsabilidad Social de la Empresa y relaciones laborales'.
El secretario general de Empleo recalcó que, en caso de ser "obligatoria", la responsabilidad social "ya no será eso" sino "otra cosa distinta".
En todo caso, no rechazó la posibilidad de que en el futuro el Gobierno pueda establecer "ayudas" o "incentivos" para la aplicación de este tipo de medidas, pero "dependiendo de los casos". Aún así, explicó que este paso sólo se produciría tras "estudiar" y "analizar" las "propuestas" y "opiniones" de todas las partes involucradas en esta cuestión.
"Después de analizarlo todo tendremos que sentarnos en una etapa siguiente para estudiar las posibilidades y poner en marcha un plan para llevarlas a cabo", indicó el secretario general de Empleo, quien de esta forma afirmó que "dentro de ese plan perfectamente podría haber medidas de apoyo a las empresas en determinadas circunstancias".
CONCEPTO COLECTIVO
González consideró que el concepto de 'responsabilidad social' no solamente compete a las empresas, sino que "es un concepto colectivo" que "debe afectar a todas las organizaciones", incluida "la propia Administración".
En este sentido, apuntó que el Gobierno, en la presente legislatura, está adoptando una serie de medidas "de compromiso con su propia responsabilidad social", afirmó.
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