El empleo y la contratación de personas con discapacidad se vive de manera diferente en el sector privado que en el público. La Junta de Castilla y León poco menos que bombardea a los empresarios con campañas para fomentar la incorporación de trabajadores que padecen alguna minusvalía. Además de que la ley reserva un cupo del 2% de las plantillas en los negocios de más de cincuenta empleados en sus filas, las empresas que lo cumplen pueden obtener una serie de ventajas en forma de subvenciones o de bonificaciones fiscales, como recordó el miércoles el director general de Economía Social, Miguel Díez Mediavilla.
El responsable autonómico explicó que los titulares de negocios van pasando poco a poco por el aro de la integración laboral, aunque todavía queda mucho camino que recorrer. A veces, puede la desconfianza de los empresarios ante las capacidades y habilidades de las personas con discapacidad que aspiran a ser contratadas.
El director general de Economía Social de la Junta estima que 'cerca del 40% de las empresas inspeccionadas cumplen con la reserva de plazas de forma directa o a través de medidas alternativas de contratación'.
28 visitas, una multa
En el momento en el que se detecta que un negocio que está obligado a guardar el 2% de sus efectivos para personas con discapacidad no lo hace, se inicia un proceso de requerimiento en el que se insta al propietario a cumplir la ley y se le da un plazo para subsanar su infracción hasta la próxima inspección. Para el responsable autonómico, este sistema es más fructífero que si se sanciona directamente con una multa económica.
El año pasado Trabajo controló 28 empresas en la provincia segoviana para comprobar que cumplían con la integración laboral de personas con discapacidad, dijo Miguel Ángel Díez Mediavilla. En once de los negocios sometidos a inspección se detectó que no se cumplía con la norma de la reserva de plazas.
Tras el pertinente requerimiento, únicamente hubo que sancionar a una empresa con una multa de 500 euros, apostilló el representante regional de Economía Social.
Adecuar la selección El panorama es diferente en el sector público. La Junta establece que una de cada diez plazas de su estructura administrativa está ocupada por personas que padecen una discapacidad. El cupo no es cubierto cuando un aspirante discapacitado no logra superar una oposición y se mantiene la reserva para la siguiente convocatoria. Asimismo, ha preparado un catálogo de puestos y perfiles de discapacidad con el fin de adecuar los procesos de selección.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.