El director ejecutivo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Kari Tapiola, declaró esta semana su "profunda preocupación" por la persistencia del trabajo forzoso en Birmania, que no sólo persiste, sino que se expande, pese a la aplicación de un mecanismo concertado con el gobierno del país asiático para que las víctimas de esos abusos puedan presentar sus quejas, en vigor desde el pasado 26 de febrero.
En una entrevista concedida a la agencia 'IPS', Tapiola lamenta que "ninguna de las recomendaciones de una comisión de encuesta enviada por la OIT haya sido todavía aplicada en el país".
Según sus datos, la imposición del trabajo forzoso sigue siendo generalizada, especialmente por el ejército, al que se deberían dar instrucciones concretas, coincidiendo con las recomendaciones de un informe de la Comisión de Aplicación de Normas presentado en la Conferencia Internacional del Trabajo clausurada el pasado día 15 por la OIT en Ginebra (Suiza).
En 1998, "cuando llegué aquí, Birmania negaba que hubiera un problema de trabajo forzoso", recordó por su parte a esta agencia el director general de la OIT, Juan Somavía.
La dictadura militar terminó por reconocer que existía el fenómeno y señaló que sería necesario impartir instrucciones para erradicarlo, sobre todo en el ejército. En respuesta, el gobierno tripartito (gobiernos, sindicalistas y empleadores) de la OIT adoptó disposiciones suplementarias de presión a las autoridades de Rangún.
El cambio llegó incluso a la aceptación, por parte de los militares, de la apertura de una oficina de la OIT en el país para favorecer la verificación internacional y al mismo tiempo se comenzaron a recibir quejas de las víctimas del trabajo forzoso.
Sin embargo, "el panorama cambió radicalmente hace dos años, al producirse un golpe militar dentro del régimen, cuando unos oficiales desplazaron a los que detentaban el poder. La situación se hizo mucho más difícil", describió el responsable de la OIT.
Tras decidir la OIT que ya había realizado "todos los esfuerzos posibles", decidió poner todos los antecedentes del caso en conocimiento del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que los evalúe cuando examine la situación en Birmania. En ese momento "ya era evidente que el gobierno militar no tenía intención alguna de continuar trabajando con la OIT", estimó Somavía.
Según sus palabras, el gobierno reaccionó ante las presiones y aceptó "abrir de nuevo las puertas" para que la oficina de la OIT reciba las denuncias de abusos. Eso ocurrió a partir de marzo y ahora se está poniendo en ejecución el sistema para ver como avanza. "Esa es la situación objetiva hoy", definió.
UN PROBLEMA DE DEMOCRATIZACION.
El director general de la OIT considera que el caso de Birmania es "un problema de democratización". Según sus datos, en ese momento existen como mínimo unos 12,3 millones de personas víctimas del trabajo forzoso en todo el mundo.
De ese total, 9,8 millones son explotadas por agentes privados, incluidas más de 2,4 millones de personas sometidas al trabajo forzoso como resultado de la trata de seres humanos. Los restantes 2,5 millones son víctimas de trabajo forzoso impuesto por el estado o por grupos insurgentes. La OIT estima que el trabajo forzoso se encuentra "en todos los continentes, en casi todos los países y en todo tipo de economía".
Ciertos casos persistentes son denominados formas 'tradicionales' de trabajo forzoso y aparecen bajo sistemas de trabajo en servidumbre, muy expandidos en Asia del Sur.
Otra variedad es la servidumbre por deudas y afecta principalmente a poblaciones indígenas de algunos lugares de América Latina. Las prácticas residuales relacionadas con la esclavitud se mantienen en algunas partes de Asia.
En Europa y América del Norte son cada vez más las mujeres, los niños y también hombres, las principales víctimas de trata con fines de explotación sexual o laboral.
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