La aplicación en las empresas de la ley de igualdad, que prevé la obligación de impulsar planes de apoyo a las mujeres, empieza a generar los primeros conflictos. Algunas compañías han advertido a los sindicatos de que, aunque la ley dice que hay que negociar los planes, los empresarios deciden la organización del trabajo, por lo que tienen la última palabra en la aplicación de medidas para evitar discriminaciones.
El especialista en la materia de la patronal Foment del Treball, José Miguel Beneroso, advirtió ayer, en una jornada organizada por el departamento de Treball, de que "la ley, que nació sin acuerdo porque la CEOE no la aceptaba, causará conflictos en las empresas, que son las que tienen reconocida la organización interna". Para el representante de Foment, los planes de igualdad, que son obligatorios para las empresas de más de 250 empleados, son "una injerencia porque se trata de una materia propia de la negociación colectiva". Según un sondeo de la CEOE, la mitad de los convenios ya mejoran el régimen legal de permisos.
Las pequeñas y medianas empresas están más limitadas que las grandes al aplicar la ley, según Josep Hallado, de Pimec, que distingue entre "lo políticamente correcto y la realidad".
MARGEN DE AMBIGÜEDAD
La patronal y las empresas se aprovechan de cierta ambigüedad de la ley cuando indica que habrá que negociar los planes de igualdad, aunque sin aclarar qué sucede en caso de desacuerdo.
La responsable de igualdad de la UGT de Catalunya, Carme Simarro, indicó que existe el riesgo de que la nueva ley corra la misma suerte que la de prevención de riesgos laborales al desembocar en un cumplimiento formal. Algunos bufetes de abogados y asesorías ya tienen a punto planes estándar que demostrarán, al menos sobre el papel, su preocupación por la igualdad entre los hombres y las mujeres.
Simarro advirtió a las empresas de que si no cuentan con los trabajadores para elaborar los planes de igualdad, "que se atengan a las consecuencias", y aseguró que existen mecanismos legales para exigir la aplicación real de la norma. Rosa Bofill, de CCOO, lamentó el rechazó empresarial a discutir temas sobre organización interna.
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