Comunidades como Extremadura, Murcia, Asturias y Canarias incumplen "gravemente" la reserva de plazas para personas con discapacidad, según datos del II Observatorio Fundación Grupo Sifu sobre Integración Laboral en la Empresa que recoge Europa Press.
Sólo Aragón y Cantabria tienen un grado positivo de cumplimiento de la normativa vigente, con un 62,5 y un 60 por ciento, respectivamente. En el conjunto del Estado un 32 por ciento de las empresas consultadas cumple con la esta ley.
El mismo estudio señala que son las autonomías más pequeñas las que incumplen "gravemente" la reserva de plazas para personas con discapacidad y, de hecho, Extremadura, Murcia, Asturias y Canarias se encuentra en la zona más baja, por debajo del 25 por ciento. No obstante, entre las comunidades que obtiene peores resultados figuran también la Comunitat Valenciana, junto a Andalucía y Castilla-León y Castilla-La Mancha.
De este modo, en las empresas españolas la población discapacitada ocupa como media el 1,1 por ciento de la plantilla y sólo un 2 por ciento de las entidades tiene entre su personal más de 5 por ciento de empleados con algún tipo de minusvalía. En el caso de la Comunitat, los trabajadores discapacitados representan un 0,5 por ciento, lejos del 3,3 por ciento de la Rioja o el 2,1 por ciento de Cantabria.
En cuanto al grado de conocimiento que el tejido empresarial dice tener de la Lismi, el informe concluye que la mayoría de las comunidades poseen un "conocimiento pleno" de la existencia de esta norma cercano al 100 por cien.
Sin embargo, en las zonas geográficas con mayor peso económico como Cataluña, Madrid, País Vasco y Comunitat Valenciana, el grado de conocimiento de la Lismi es algo más bajo que el resto, entre el 95 y el 96 por ciento. También es inferior al 100 por cien el conocimiento en Murcia, Canarias, Extremadura, Galicia y Cantabria aunque en estas dos últimas se da la circunstancia, paradójicamente, de que el nivel de cumplimiento es superior a la media.
De todos modos, el Observatorio constata que en España "existe una tendencia optimista de ir integrando a este colectivo en el sector de comercio y servicios, así como en las medianas empresas, que se ven obligados a cumplir la Lismi". Los expertos subrayan el alto grado de satisfacción respecto al personal discapacitado, ya que la media de valoración es de 8 sobre 10 y sólo el 3 por ciento de las empresas suspende a estos empleados.
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