El sindicato de profesores de la enseñanza pública ANPE puso en marcha el pasado mes de noviembre un servicio de asistencia psicológica por teléfono para los docentes de Castilla y León que sufren situaciones de acoso o violencia en las aulas. Desde entonces, el llamado Teléfono del Defensor del Profesor ha atendido 72 casos, de los que 35 -casi la mitad de estos (48,6%)- eran profesores de la provincia de Valladolid. A gran distancia, aparecen Salamanca (ocho), Ávila y Segovia (seis cada una), León (cinco), Burgos y Zamora (dos cada uno) y Palencia (uno). En Soria no se ha registrado ningún caso, y los siete restantes fueron profesores de otras comunidades autónomas.
De esos 72 casos, casi todos se produjeron en la enseñanza obligatoria; de esta forma, 34 eran profesores de Educación Primaria y 33 de la ESO.
Este teléfono gratuito (902 105 413) está atendido por un gabinete multiprofesional dirigido por Jesús Niño Triviño, psicólogo y profesor, y está a disposición de todos los docentes que lo necesiten durante las 24 horas del día. En caso necesario también ofrece asistencia jurídica.
La mayoría de las situaciones denunciadas en estos nueve meses están relacionadas con la falta de respeto hacia el profesor y de disciplina en las aulas, o las dificultades para dar clase con normalidad; mientras que las situaciones más graves (acoso, agresiones físicas o amenazas) son, comparativamente, más esporádicas.
Varios problemas
Jesús Niño señala que, en la mayoría de los casos, los profesores no se quejan de un único problema: lo más frecuente es que si se queja de indisciplina también lo hagan de falta de respeto y de dificultades para dar clase. Pero a la hora de tabular los datos se ha optado por agruparles según aquel problema que ellos mismos han dado más importancia.
Así, en nueve casos los profesores se quejaron en primer lugar de tener problemas para dar clase (irrupciones constantes). Otros diez denunciaron tener problemas con el equipo directivo del centro (por discrepancias sobre cómo llevan las clases o cuestiones laborales).
Ocho profesores denunciaron falta de respeto; y otros ocho, situaciones de acoso por parte de los padres (progenitores que llevan su celo por la atención que reciben sus hijos más allá de lo razonable, y que quieren intervenir en cuestiones profesionales que no son de su competencia, lo que deteriora la relación entre padres y profesores).
Amenazas
Ocho docentes denunciaron situaciones de acoso por parte de los alumnos (llamadas de teléfono anónimas, correos electrónicos, etcétera, con amenazas, que casi nunca pasan a mayores).
Seis se sintieron amenazados por los padres, y dos profesores fueron denunciados en el juzgado o la policía (en un caso, acusado de haber pegado a un alumno, y en otro «por tenerle manía o haberla tomado con su hijo», aunque ninguna prosperó).
Solamente cuatro de los 72 profesores que utilizaron este servicio denunciaron haber sufrido agresiones (físicas o verbales). En estos casos, más que la agresión en sí -que no fueron graves- preocupa lo que eso supone de cuestionar su autoridad en clase.
Dos se quejaron de acoso por parte de la inspección, y cinco de problemas de organización de la actividad docente en su centro. También llama la atención que tres profesores se sentían acosados por sus propios compañeros (mobbing laboral o malas relaciones profesionales).
Niño señala que la mayoría de estas situaciones no son graves «pero crean malestar y conflictos a nivel emocional para el profesor que las sufre, aunque luego cada uno tiene su forma de somatizarlo». «Hay quienes no se llevan el problema a casa, pero otros sí. Llegan a cuestionarse su propia valoración o valía profesional y las situación trasciende el ámbito escolar y se traslada a su vida personal o familiar», añadió.
Lo más desastibilizador desde el punto de vista psicológico, explica el responsable del teléfono, son las denuncias judiciales. «A partir de ese momento, toda su vida se focaliza en esa denuncia, con alteraciones del sueño y del apetito. Y aunque sea una acusación falsa, les preocupa que eso pueda figurar en su expediente, y su valoración en el centro o en su localidad».
Niño también destaca que sería necesario que los profesores recibieran formación específica para saber afrontar estos conflictos. También confían en que el recién aprobado decreto de Derechos y Deberes de los alumnos y sus familias contribuya a mejorar el clima de las aulas.
Aunque todavía muchos profesores no han dado el paso de denunciar casos similares, con estos datos «la situación no parece preocupante» en su conjunto, aunque quien vive una situación de este tipo «puede ver su vida trastocada, porque hay una carga grande de sufrimiento detrás», concluyó Jesús Niño.
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