La Fundación ONCE aboga por una Ley en materia de Economía Social que aporte reconocimiento institucional al sector

El vicepresidente primero ejecutivo de la Fundación ONCE, Alberto Durán, defendió ayer la importancia de la creación de una Ley de Economía Social que "aporte un reconomiciento institucional a este sector", integrado por "una familia de entidades diferentes con un ideario común: la actuación participativa de sus miembros, la solidaridad, la presencia democrática o el reparto colectivo de los beneficios".

Al término de su comparecencia en la Subcomisión de Economía Social del Congreso de los Diputados, dependiente directamente de la Comisión de Economía y Hacienda de esta Cámara, Durán también insistió en "la necesidad de visibilizar la economía social como un sector de actividad".

En su opinión, los "diputados están muy interesados en este tema que para ellos ha sido todo un descubrimiento". "Es de agradecer que hayan tomado la iniciativa de poner en marcha esta Subcomisión que esperamos dé forma a una Ley de la Economía Social", aseveró.

Según datos facilitados por la Fundación ONCE, la economía social representa el 6% del PIB español y un 10% de la fuerza laboral. "Nunca algo tan importante tuvo tan poco reconocimiento", lamentó Duran, que insistió en la importancia de "participar en los foros de decisión".

FAVORECER LA COHESIÓN SOCIAL

Por su parte, la presidenta de la Federación Española de Empresas de Inserción (FEDEI), Asunción García, que también compareció esta mañana en la Subcomisión, coincidió con Durán al solicitar "una Ley que reconozca y regule al sector de la economía social, un sector empresarial emergente". "Estas empresas están pensadas para favorecer la cohesión social y resolver problemas de territorio", señaló.

En su intervención, García recordó "la importancia de cooperar con los servicios sociales" e insistió en la necesidad de crear mercados "tanto por parte de la Administración como de las empresas privadas".

En España, según FEDEI, el sector comprende a cerca de 200 empresas que emplean a 5.000 trabajadores, cada uno de los cuales genera un beneficio social de 15.000 euros anuales. "Somos un sector difícil de cuantificar", reconoció García para la que "estos datos se tienen que aprovechar política y socialmente, para poder regular estas empresas".