La Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales el Congreso de los Diputados aprobará este martes, con competencia legislativa plena, el dictamen del proyecto de ley para la regulación del régimen de las empresas de inserción, por lo que será remitida al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.
La iniciativa legislativa, que fue aprobada en junio por el Consejo de Ministros y cuenta ya con el dictamen del Consejo Económico y Social (CES), se centra en aquellas empresas que se dedican a contratar a excluidos sociales con el objeto de que, una vez aplicadas medidas sociales y de adaptación profesional, puedan emplearse en el mercado laboral ordinario.
Las empresas de inserción deberán estar promovidas y participadas por entidades promotoras al menos en un 51% del capital social, así como mantener un porcentaje de trabajadores en proceso de inserción del 30% de la plantilla durante los tres primeros años y del 50% a partir del cuarto. Además, deberán reinvertir al menos el 80% de los resultados en la mejora de sus estructuras productiva y de inserción.
Asimismo, las empresas de inserción y los trabajadores podrán celebrar contratos de trabajo temporal de fomento de empleo, que tienen por objeto la prestación voluntaria de servicios retribuidos por cuenta ajena en una empresa de inserción como parte esencial de un itinerario personalizado, y podrá concertarse por un periodo mínimo de 12 meses y máximo de 3 años.
Por otro lado, podrán concertarse contratos de trabajo de carácter indefinido o duración determinada ajustándose a las modalidades contempladas en la legislación laboral vigente.
La propuesta del Ejecutivo pretende, asimismo, que la regulación de las empresas de inserción aumente el número de personas excluidas socialmente que serán atendidas en procesos de inserción sociolaboral. Desde el punto de vista de las políticas públicas se trata de sustituir políticas pasivas por activas.
AYUDAS A LAS FEDERACIONES EMPRESARIALES
El PSOE ha presentado un paquete de cinco enmiendas al proyecto entre las que reconoce algunas competencias autonómicas y extiende a las federaciones de asociaciones empresariales de este sector la posibilidad de recibir ayudas por parte de las administraciones públicas.
Por su parte, el grupo parlamentario del PNV ha presentado un paquete de 23 enmiendas al proyecto, entre las que destaca la introducción de un artículo en el que se reconozca la autoridad del Gobierno vasco para dictar las disposiciones necesarias ante el desarrollo y aplicación de la ley, al existir ya un decreto autonómico, fechado en diciembre de 2006, por el que se regula la calificación de las empresas de inserción.
CiU pretende con sus propuestas suprimir la exigencia del informe de los servicios sociales públicos competentes para justificar las supuestos de ausencias o faltas de puntualidad al trabajo "motivadas por la situación física o psicológica derivada de la situación de exclusión social del trabajador" y entiende que la terminación de un contrato de inserción "no debe derivar en compensación económica".
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Nafarroa Bai (Na-Bai) y la Chunta Aragonesista (CHA), formaciones estas dos últimas adscritas al Grupo Mixto, piden que se contemple la inclusión de bonificaciones a las cuotas de Seguridad Social en los contratos de trabajo durante toda la vigencia del contrato, "o durante tres años en caso de contratación indefinida" por un importe de 1.500 euros anuales.
El Bloque Nacionalista Galego (BNG), formación también adscrita al Grupo Mixto, presentó 17 enmiendas en las que hace hincapié en la necesidad de asegurar y reforzar el carácter social y "no mercantil encubierto" de sus entidades promotoras, por lo que dichas entidades deberán acreditar una antigüedad mínima de dos años como prestadoras de servicios sociales para ser consideradas promotoras de empresas de inserción. 
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