La contratación laboral de discapacitados físicos, síquicos y sensoriales ha dado un paso adelante (aún no de gigante) en los últimos meses. Pese al mayoritario incumplimiento empresarial de las compañías de más de 50 trabajadores, obligadas por ley a la reserva de un 2 por ciento de los puestos de la plantilla para estas personas, una campaña de visitas puerta a puerta diseñada por la patronal alicantina Coepa ha cambiado no sólo la forma de proceder de los patronos, sino sobre todo su percepción sobre unos trabajadores que también aportan un valor añadido al mercado laboral y al producto final.
Hace dos años, se creó definitivamente en el seno de la patronal alicantina Coepa, gracias al tesón del entonces presidente Joaquín Rocamora y a la iniciativa y afán filantrópico del empresario Manuel Peláez, propietario de la constructora Ecisa, la comisión específica de integración sociolaboral de personas discapacitadas. Los resultados no pueden ser más esperanzadores, de acuerdo con la versión que ofrece el presidente de dicha comisión, Manuel Peláez, y ratifican los responsables de Apsa (Asociación Pro Discapacitados Psíquicos de Alicante), entre ellos su director del centro de orientación laboral, Fernando Romero.
'En los últimos tres o cuatro meses, hay una mayor respuesta de los empresarios, estamos gratamente sorprendidos porque ha cambiado el panorama a mejor, incluso se está contratando -en el caso de algunas empresas- por encima de nuestras expectativas', explica Manuel Peláez Castillo, presidente a su vez de una fundación que lleva su propio nombre y que también se centra, entre otras actividades, en el apoyo de los colectivos más desfavorecidos.
En muy buen grado, esa mejora de la predisposición de los empresarios a la hora de contratar a los trabajadores con diverso grado y tipo de minusvalía se debe a una campaña que fue diseñada ya hace meses y que, lejos de apostar por la sanción administrativa que llevaría aparejada la visita del inspectores de trabajo, supone visitar puerta a puerta las empresas para explicarles las ventajas de todo tipo (incluidas las fiscales) que reporta el empleo de discapacitados. Esta campaña la están realizando técnicos de Apsa en estrecha colaboración con los técnicos de la patronal Coepa, según explica Peláez, que no oculta su satisfacción por el cambio operado, aunque todavía insuficiente, en la sensibilización de los empresarios hacia esta actividad de tipo humanitaria.
En los últimos meses se ha logrado insertar, según fuentes de la asociación pro deficientes, a no menos de 80 trabajadores. Algunos de los sectores más receptivos han sido el de la distribución de correo y publicidad y el de limpieza de edificios públicos y privados. También colaboran de forma especial las grandes empresas de distribución.
Sólo un pequeño problema resta efectividad a la nueva iniciativa puerta a puerta de la patronal. En la provincia operan tres entidades de apoyo a la integración laboral de discapacitados. Aparte de Apsa está Upapsa, que se diferencia de la anterior en que también trata a personas con otro tipo de deficiencias como síndrome de Down, discapacidades físicas o autismo, al igual que Cocemfe, que es la confederación regional. En este último caso y en el de Apsa, cuentan con centros especiales de empleo, una fórmula que tiene apoyos y subvenciones públicas de la Generalitat.
Peláez relata que el principal escollo es que los discapacitados que se inician en un curso de un centro especial de empleo llegan mejor formados y causan menos desconfianza inicial al empresario que si llega directamente de su casa a la empresa, lo que resta en este caso efectividad a las colocaciones laborales que propone la comisión de integración de Coepa. Esta comisión especial se volverá a reunir el próximo mes de diciembre para analizar, precisamente, la evolución de las contrataciones de discapacitados, un proceso en el que también se ha implicado directamente el nuevo presidente de Coepa, Modesto Crespo.
Hace ahora un año, en el seno de un acto celebrado por la comisión por la integración de los discapacitados de Coepa, el director provincial de Trabajo y Empleo, Ramón Rocamora, vino a anunciar una campaña selectiva de inspecciones laborales dirigidas a las empresas de más de 50 trabajadores por el elevado índice de incumplimiento de la vigente ley. Finalmente, la campaña no se ha desarrollado como tal al aceptar los empresarios emprender una de puertas adentro, que ofrece ya buenos resultados.
En este punto, el director del centro de formación de Apsa y educador especial, Fernando Romero, aboga porque la Inspección de Trabajo cumple con su cometido con esta parcela laboral y que, si no con sanción directamente, obligue al empresario incumplidor con que reporte algún beneficio a la formación de discapacitados si es que sigue sin contratarlo, como debiera. 'Parece que ha llegado el momento de abrir la empresa privada a la discapacidad, no debemos conformarnos con el 2 por ciento al que nos obliga la ley, es insuficiente, tenemos que ser solidarios y ahora hay gente formada que, pese a su minusvalía, se integra perfectamente en el empleo', reitera Manuel Peláez, el cual se muestra encantado del buen resultado que ofrecen los cursos impulsados por la asociación Apsa y su centro especial de empleo.
Poco o nada ha variado la aplicación de la Ley de integración social de los minusválidos, del año 1982. Hace ahora cuatro años, este diario se hizo eco de un informe de la Inspección de Trabajo de Alicante, según el cual el 70 por ciento de las empresas privadas con más de cincuenta empleados (y obligadas, por ley, a la inserción de trabajadores con discapacidad física, psíquica o sensorial) incumplían este precepto con total impunidad.
En la provincia hay registradas unas 650 empresas con más de 50 empleados en su plantilla y el 67 por ciento de ellas incumple el precepto legal, de acuerdo con las últimas encuestas y sondeos elaborados por la asociación alicantina Apsa, pese a que, desde el año 2006, la Conselleria de Economía y Empleo puso en marcha un plan idéntico de ayudas. El programa otorgaba prioridad en las adjudicaciones y concursos públicos a las mercantiles que, sin estar obligadas, contrataran a minusválidos y a aquéllas que, pese a sí estar obligadas por ley, empleo a un porcentaje superior al 2 por ciento de reserva que estable la vigente legislación. 'Esto no acaba de resolver el problema', añade el técnico Romero.
De hecho, es la propia Conselleria de Economía, a través del Servicio de Empleo y Formación (Servef), la que acaba de publicar una orden con el fin de ampliar en medio millón de euros la dotación inicial de ayuda complementaria para el mantenimiento de puestos de trabajo en centros especiales de empleo. Este aumento del crédito es consecuencia de la preparación previa de los trabajadores minusválidos y al bajo índice de ocupabilidad directa que registran los empresarios. La línea total para el mantenimiento de puestos laborales en centros especiales se eleva a 4 millones de euros y a 25 el plan de apoyo al empleo de minusválidos.
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