La Ley posibilitará "avanzar en la consecución de la igualdad real", ya que el texto plantea como objetivo principal "aumentar la participación de las mujeres en el mercado de trabajo", para lo que se establecen incentivos a la contratación estable, fundamentalmente en aquellos sectores en los que tienen una presencia reducida, mientras que se velará por la igualdad de las retribuciones y se prestará especial atención a los colectivos en los que confluyen varias causas de discriminación -personas con discapacidad, víctimas de violencia, mayores de 45 años-.
En segundo lugar, contempla medidas para hacer posible la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, como la flexibilidad en los horarios de las guarderías, y, respecto a las empresas privadas, la ley propiciará la concesión de incentivos para favorecer la dotación de guarderías infantiles y otros servicios en los centros de trabajo.
En el terreno educativo, el proyecto incluye previsiones para promover la coordinación entre horarios laborales y docentes; velar por el cumplimiento de los valores de igualdad a través de los servicios de inspección; implantar asignaturas específicas, eliminar prejuicios y estereotipos sobre la realidad de las mujeres.
Otra serie de medidas se refieren al ámbito de la salud, con programas que incluyan perspectivas de género y para las situaciones de vulnerabilidad. En vivienda, se dará prioridad al acceso a las VPO de mujeres en riesgo de exclusión o especial dificultad, como violencia de género y poblaciones rurales. También se incluye el desarrollo de planes de apoyo a la labor del cuidado de personas en situación de dependencia.
Asimismo, en todos los centros directivos dependientes de la Junta, la representación de ambos sexos entre las personas que ocupan altos cargos deberá ser de al menos el 40 por ciento. Actualmente, esta medida de paridad se aplica ya en la composición del Gobierno andaluz y en los órganos consultivos adscritos a la Administración autonómica. La futura ley garantiza además la participación en igualdad de las mujeres en todas las actividades sociales, culturales, lúdicas y deportivas.
En cuanto a la participación, la Ley prevé la creación de un Observatorio de la Igualdad de Género y del Consejo Andaluz de Participación de Mujeres
La consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, mostró una "gran satisfacción" por la aprobación de esta norma, que establece en el ámbito autonómico el marco jurídico para hacer plenamente real y efectiva la igualdad de trato y oportunidades entre hombres y mujeres e incorpora este objetivo a todas las políticas del Gobierno andaluz.
La parlamentaria del PP Begoña Chacón ofreció el apoyo de su grupo a la Ley, aunque calificó de "ambiguo" el texto, a la vez que criticó que deja "casi todos los temas importantes para un desarrollo posterior, así como que no pone sobre la mesa los recursos necesarios para tan importante objetivo". Destacó que la norma no planifica las políticas adecuadas, sino que las "trata de forma general porque enumera los instrumentos con que se podrá contar pero sin concretarlos".
La portavoz de IULV-CA, Concha Caballero, se mostró satisfecha con el texto de la Ley, ya que se trata de una norma "necesaria". Por otro lado, la diputada del PA Carmen Pinto manifestó que corresponde a las administraciones enfocar sus políticas siempre bajo el principio de igualdad, y apuntó la necesidad de que los recursos destinados sean los "correctos".
La parlamentaria del PSOE Elia Maldonado, en su réplica a la oposición, destacó que se trata de una ley que implica a todos los poderes públicos para conquistar la igualdad real entre hombres y mujeres. Además, destacó la apuesta "muy especial" que hace la norma por el empleo para acabar de una vez con la desigualdad.
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