El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó ayer el Plan de Empleabilidad para Personas con Discapacidad en Andalucía, documento "pionero" en toda España que prevé una inversión de 414,4 millones de euros hasta 2013 en 127 medidas especiales de inserción laboral que podrán beneficiar a los 133.500 andaluces, el 67% de las personas con algún tipo de discapacidad que pueden acceder al mercado de trabajo.
Según informó el consejero de Empleo, Antonio Fernández, el plan dará prioridad a las alrededor de 76.700 personas con discapacidad en situación inactiva y no inscritas como demandantes de empleo y que desconocen sus posibilidades reales de llevar una vida laboral en igualdad de condiciones para que dejen de ser "invisibles" en el mercado laboral.
El plan, que afecta a cinco consejerías de la Junta (Empleo; Justicia y Administración Pública; Innovación, Ciencia y Empresa; Educación, e Igualdad y Bienestar Social), permite dar cumplimiento tanto a distintos artículos del nuevo Estatuto de Autonomía como al VI Acuerdo de Concertación Social y su aprobación coincide con la celebración en 2007 del Año Europeo de la Igualdad de Oportunidades.
De la inversión total prevista, 357,43 millones de euros se destinarán al área de 'Acceso y Permanencia en el Empleo', uno de los seis bloques de medidas que integran el plan y que recoge, entre otras iniciativas, programas para potenciar los centros especiales de empleo (empresas que cuentan en sus plantillas con un mínimo del 70% de trabajadores con discapacidad); incentivos a la contratación de hasta 12.000 euros; creación de agentes de intermediación laboral entre empresas y trabajadores; planes formativos específicos con compromiso final de contratación; e instrumentos para garantizar la adecuada difusión de ofertas de trabajo entre el colectivo.
Reservas en escuelas taller
Como novedad, el documento establece la reserva de un cinco por ciento de las plazas del programa de Escuelas Taller para personas con discapacidad. Asimismo, se reforzarán los planes especiales de la Inspección de Trabajo y las campañas informativas para que las empresas de más de 50 trabajadores alcancen una cuota de un dos por ciento de acceso del colectivo a sus plantillas. Finalmente, se culminará el desarrollo reglamentario de la normativa específica de ingreso, promoción interna y provisión de puestos de trabajo para las personas con discapacidad en la función pública.
El área de 'Apoyo a la Iniciativa Empresarial', presupuestada en 21,01 millones, recoge un abanico de medidas que van desde las ayudas y microcréditos para constitución como autónomos a la prestación de asistencia técnica, la agilización de trámites y las acciones para facilitar el acceso a las empresas de economía social.
El capítulo dedicado a 'Educación', dotado con 8,10 millones, incluye la implantación de programas especiales de entrenamiento en tecnologías de la información y la comunicación, la creación de la figura del 'acompañante de apoyo' para los universitarios con discapacidad, el desarrollo de software específico para facilitar la comunicación del alumnado y el establecimiento de planes tutoriales para facilitar el tránsito desde la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) hacia estudios superiores.
Por su parte, en el área de 'Adecuación del Entorno Laboral' se consigna un gasto público de 2,38 millones para iniciativas como ayudas a empresas para adecuación de instalaciones y eliminación de barreras arquitectónicas o el impulso a la introducción de cláusulas específicas en los convenios colectivos para garantizar tanto el acceso de las personas con discapacidad como las condiciones de trabajo adecuadas.
Además de estas cuatro áreas, el plan incluye dos áreas de carácter transversal con medidas que se aplicarán en toda la estrategia. La primera, denominada 'Coordinación, Movilización y Participación de los Agentes', cuenta con un presupuesto de 15,57 millones y, entre otras previsiones, recoge la firma de acuerdos con empresas, el estudio de la discapacidad como materia universitaria relevante en el currículum académico y la concesión de incentivos a la investigación.
La segunda área de carácter transversal, presupuestada en 9,89 millones, se centra en dar prioridad en todas las medidas a las mujeres, a la población rural y a las personas con discapacidad intelectual o enfermedades mentales.
Cargando ...
Los comentarios están cerrados.