Sólo el 16% de las empresas de Baleares cumple con la Ley de Integración

Sólo un 16% de las empresas de Balears cumple con la Ley de Integración Social de los Minusválidos, LISMI, aunque un 61% cuenta entre sus empleados con personas con discapacidad. A nivel estatal, el 82% de los empresarios dicen conocer la LISMI, pero sólo un 14% cumple con esta normativa, aunque un 74% tiene entre su personal a algún discapacitado. Por comunidades, Murcia lidera el cumplimiento de esta ley con un 40% de empresas, seguida de La Rioja con un 34%; y de Galicia con un 29%. Los que menos se adecuan a la ley son Canarias, con un 6%; y Extremadura y Madrid con un 8%.

Los datos forman parte del informe elaborado por el observatorio para la mejora de la equiparación laboral de personas con discapacidad de la Fundación Equipara. La entidad, de reciente constitución, ha nacido con el objetivo de impulsar la igualdad de oportunidades y fomentar el desarrollo profesional de las personas con discapacidad.

Según el estudio realizado por la Fundación Equipara, el 8,7% de la población española de entre 16 y 64 años sufre algún tipo de discapacidad. La LISMI, vigente desde 1982, obliga a las empresas con 50 empleados o más -en total, más de 35.800 empresas en todo el territorio- a reservar un 2% de su plantilla a estas personas. Además, los empleadores han de adecuar los puestos de trabajo y reforzar la política de la inserción laboral de los trabajadores con alguna discapacidad.

Sin embargo, tal y como se desprende del informe de la Fundación Equipara, el cumplimiento de esta norma es escaso debido a cuatro causas principales: la insuficiente formación de la persona con discapacidad, el difícil acceso al entorno laboral, la escasa concienciación social y empresarial y la falta de comunicación entre los agentes que participan en la inserción. Otras circunstancias que influyen son la disgregación del colectivo y que el marco legal esté poco definido.

El informe se ha elaborado a partir de las entrevistas realizadas en más de 1.300 empresas de toda España, 65 de ellas radicadas en Balears, y tiene como objetivo conocer la realidad de la integración laboral de las personas con discapacidad. El estudio será también una herramienta para activar la concienciación de empresarios y trabajadores, administraciones públicas y proponer pautas de mejora a la situación actual.

Las cuestiones que se han pretendido aclarar son el nivel de conocimiento de la LISMI, las motivaciones y los frenos a la hora de contratar, la opinión de la empresa y las oportunidades de mejora y posibles soluciones. Entre las conclusiones del estudio destaca el alto conocimiento de la empresa de la LISMI y la buena valoración que se hace de la misma. Falla en esta normativa su carácter poco punitivo, las escasas inspecciones que se efectúan en las empresas o la existencia de medidas alternativas que no favorecen precisamente, la integración laboral. Asimismo, los empresarios que dan trabajo a personas con disacpacidad manifiestan una alta satisfacción, tanto por la eficiencia como por la motivación. Sin embargo, acusan carencias de formación en el colectivo. Tampoco se adecuan o adaptan los puestos de trabajo y los materiales a la persona con discapacidad, sólo un 7%. Falta aun, concluyen los responsables de Equipara, concienciación empresarial, política y social.