El presidente del Comité Español de Representantes de Discapacitados (CERMI), Mario García Sánchez, denunció hoy el "desfase" en la aplicación de la ley de Dependencia entre comunidades autónomas y agregó que las leyes españolas en materia de discapacidad "sitúan a España a la cabeza de Europa pero no sirven de nada si no se cumplen".
Mario García aseveró, coincidiendo con la celebración mañana del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que la Ley de Dependencia es "muy buena" norma pero reclamó la colaboración de todas las autonomías para su desarrollo. Asimismo, dijo a Europa Press que desde la entrada en vigor de la norma eran "conscientes de que tardaría" en ponerse en marcha, y añadió que esperan que en el 2008 la ley "coja velocidad de crucero".
Igualmente, explicó que una de las tareas fundamentales para la integración de los discapacitados es su inserción en el mercado laboral, al tiempo que destacó que desde el comité seguirán trabajando para promover "la igualdad de oportunidades y la mejora de las condiciones de vida" de los ciudadanos españoles con discapacidad.
SANCIONES A EMPRESAS
Del mismo modo, Mario García subrayó que una "buena medida" para la inclusión de las personas en el mercado laboral será la ley que establece sanciones de hasta un millón de euros a las empresas que discriminen a los discapacitados.
El proyecto de ley considera infracciones las discriminaciones directas o indirectas y los acosos, así como el incumplimiento de las exigencias de accesibilidad a las que están sometidas las instituciones.
Esta norma, actualmente en el Senado, fue aprobada el pasado 21 de noviembre en el Congreso de los Diputados con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Las formaciones políticas pretenden que la Cámara Alta apruebe definitivamente el texto antes de final de año.
POSICIÓN DE SINDICATOS
Por su parte, el sindicato UGT denunció que las políticas diseñadas para la integración laboral de las personas con discapacidad a lo largo de los últimos años "no han obtenido el resultado esperado".
Por este motivo, la organización sindical hizo un llamamiento a todos los agentes implicados en la integración de las personas con discapacidad "para hacer de las políticas de empleo un mecanismo de inclusión laboral efectiva".
Mientras, CC.OO. reclamó a las empresas con más de 50 trabajadores que cumplan con la cuota que reserva el dos por ciento de los puestos laborales a las personas con discapacidad. Para cumplir estos objetivos, destaca el sindicato, "se deben establecer cláusulas específicas de cumplimiento, así como identificar los puestos de trabajo que pueden tener menos dificultades y que pueden ser ocupados por personas con discapacidad".
En este sentido, CC.OO. aseguró que las personas con discapacidad tienen una tasa de actividad del 32 por ciento, que es la mitad de la media general, y una tasa de paro del 26 por ciento, que es más del doble que la de la media.
Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, entregará el próximo lunes, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, la ratificación por parte de España de la Convención de la ONU sobre los derechos de este colectivo.
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