Miembros del Comité de empresa de UGT en la Fundación para la Integración Socio-laboral del Enfermo Mental de Castilla-La Mancha (FISLEM) criticaron ayer el cierre de una vivienda supervisada en Cuenca, que ha supuesto el despido de cinco trabajadores, que no fueron informados de ello.
En rueda de prensa, Álvaro Guerra, uno de los representantes del Comité de Empresa, condenó que la fundación, cuyo máximo órgano de gobierno es un patronato en el que figuran los consejeros de Sanidad, Trabajo y Empleo, Bienestar social y el SESCAM, bajo la batuta de José Antonio Contreras, "no ha tenido la intención de buscar una salida digna a nuestros compañeros, a pesar de haber tenido alternativas".
Así, explicó que recientemente se desarrollaron procesos de traslado a los que los cinco trabajadores despedidos se podrían haber presentado, si se les hubiera informado de la intención de cerrar el centro conquense.
El sindicato señaló que no solo los trabajadores han resultado afectados por ese cierre, pues los usuarios han sido trasladados a la residencia, con el consiguiente perjuicio, pues se trata "de recursos diferentes". Repercusiones que también afectan a la plantilla de esa residencia, que no cuenta con el personal suficiente para atender a tantas personas.
"Esta es la gota que colma el vaso, porque desde hace dos años no se presta atención a nuestras demandas, y esta es la política de la fundación, que no mira lo más mínimo por los trabajadores ni pone los medios suficientes para que los pacientes sean realmente lo primero" condenó Guerra.
Por ello, desde UGT reclamaron una salida digna a los trabajadores afectados, buscando alternativas consensuadas con los representantes de los trabajadores, "pero hablando no imponiendo".
Pidieron también al órgano gestor del FISLEM que acepte el ofrecimiento del Comité de Empresa para buscar soluciones consensuadas a los problemas a nivel laboral que se suscitan en la empresa, cumpliendo al menos con el deber de informar con la debida antelación a los representantes de los trabajadores.
Asimismo reclamaron a la Junta que asuma sus responsabilidades como miembro del Patronato de la Fundación y como Administración, pues en opinión de los trabajadores debería supervisar a las entidades que prestan sus servicios con financiación pública.
Por último, los representantes del Comité de Empresa anunciaron que han iniciado movilizaciones mediante notas informativas que han enviado a todos los centros de trabajo dependientes de la Fundación para explicarles lo ocurrido, y amenazaron con recurrir a la huelga en caso de no alcanzar soluciones con el órgano gestor de la fundación.
Del FISLEM dependen 11 centros de rehabilitación social y laboral, 14 viviendas supervisadas, y una mini residencia en la que más de 200 empleados atienden a más de 2.000 personas con enfermedad mental grave.
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