UGT ha anunciado que va a demandar al Gobierno que mejore la protección familiar a través de un aumento de las prestaciones económicas de la Seguridad Social por hijo a cargo, facilitando los servicios de atención a los menores de 3 años o propiciando medidas que permitan la conciliación laboral y familiar.
Entre otras propuestas, el sindicato plantea incrementar el periodo de permiso por paternidad, mayor flexibilidad de horarios en centros educativos y ampliar el límite de edad del menor para que los padres puedan acogerse al derecho de reducción de jornada.
Además, considera que son necesarios mayores recursos para acelerar los plazos de atención a las personas dependientes y demanda una ley armonizadora de los servicios sociales.
UGT entiende que «los ciudadanos tienen que ser partícipes del crecimiento económico y éste debe ser una ocasión para reforzar nuestro sistema de protección social y familiar, lo que permitirá abordar con mayor holgura etapas de menor crecimiento económico».
Por ello, expone que el nuevo Gobierno «debe mejorar las cuantías de las prestaciones económicas de la Seguridad Social por hijo a cargo, las prestaciones deberían ser más significativas en situaciones de mayor vulnerabilidad, como hijos en familia con un solo progenitor o hijos con discapacidad».
También se muestran a favor de ampliar el límite de renta para que un mayor número de familias accedan a estas prestaciones y establecer como derecho universal y exigible los servicios de atención de los menores de 3 años, especialmente mediante la ampliación de la red pública de escuelas infantiles.
Respecto a las medidas de conciliación laboral y familiar, solicita mayor flexibilidad de horarios en centros educativos, modificar la normativa laboral en orden a ampliar el límite de edad del menor para que los padres puedan acogerse al derecho de reducción de jornada y proteger mejor las situaciones de excedencia, considerando todo el periodo de excedencia como cotizado.
El sindicato propone, además, una ley armonizadora de los servicios sociales, sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas.
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