Plena inclusión Aragón reclama a los poderes públicos que no dejen una vez más de lado al colectivo de las personas con discapacidad intelectual y sus familiares. La coordinación sociosanitaria se hace imprescindible, en un contexto en el que la Administración pública ha de servir de apoyo y guía.
En este sentido, pide directrices claras y concreción de ayudas para poder proporcionar las terapias, los apoyos y la atención rehabilitadora que este colectivo necesita, y que dejó de recibir durante el cierre obligado de los centros diurnos. En estos momentos, transcurridos seis meses de aquel cierre, más del 80% de los aragoneses y aragonesas con discapacidad intelectual mayores de 20 años no tienen asegurados los servicios y apoyos a los que tienen derecho, y que se vieron interrumpidos por el estado de alarma.
El movimiento asociativo de la discapacidad intelectual de Plena inclusión Aragón lleva meses de reuniones con el Gobierno de Aragón para elaborar, en primer lugar, un plan para compensar el sobrecoste causado por la covid-19, tanto en los centros residenciales como el que habrá que acometer en los diurnos; y, en segundo lugar, para establecer un marco legal que trate de buscar el equilibrio entre la seguridad sanitaria y el ejercicio de los derechos del colectivo al que representa, tal como contempla la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad Naciones Unidas –suscrita por el Estado español y, por tanto, de obligado cumplimiento-, sin ninguna respuesta por su parte tras seis meses de pandemia.
Si el Ejecutivo autonómico no reacciona y pone en marcha de manera urgente medidas de apoyo financiero y fondos que palíen esta situación, puede perderse, de manera dramática e irreversible, una buena parte de la red de servicios específicos para personas con discapacidad intelectual que, durante más de 50 años, se ha ido poniendo en marcha en Aragón con el esfuerzo de familias, profesionales y entidades. Unos servicios cuya prestación es una obligación de la Administración, pero que son gestionados por entidades sin ánimo de lucro.
Plena Inclusión Aragón reivindica que, además de órdenes, haya soluciones eficaces y justas para las familias de personas con discapacidad intelectual, incluido un permiso laboral retribuido a cargo del Estado, similar al que se plantea para los padres y madres de los niños y niñas en edad escolar, que permita conciliar vida personal y laboral a quienes deban quedarse en casa cuidando de sus familiares con discapacidad cuando estos tengan que permanecer en aislamiento por un posible contagio.
Cabe recordar que una parte importante de las personas con discapacidad intelectual necesita atención y apoyo a lo largo de las 24 horas del día, independientemente de la edad. Y, en el caso de permanecer confinados por un posible contagio y no poder asistir a sus centros, necesitan el apoyo de un familiar.
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