Más de 70 personas se han congregado en la Cámara de Comercio de Zaragoza para reflexionar sobre cómo los contratos reservados a centros especiales de empleo (CEE) impulsan el empleo de las personas con discapacidad.
En la jornada, que han organizado ARADIS, AEDIS y Plena inclusión Aragón bajo el título “Los contratos reservados y las cláusulas sociales en la contratación pública”, han asistido directivos y técnicos de entidades del sector de la discapacidad y representantes de las administraciones públicas, a los que se ha animado a que apuesten por esta fórmula para facilitar el empleo y la inclusión social de las personas con discapacidad.
El evento ha sido inaugurado por Pedro Santiesteve, Alcalde de Zaragoza, Santiago Villanueva, Presidente de Plena inclusión Aragón, y Francesc Durá, Vicepresidente de AEDIS.
Villanueva ha perfilado la realidad de las personas con discapacidad intelectual en torno al empleo. Actualmente, la tasa de empleo de este colectivo es de tan solo el 20% y tres de cada cuatro empleos para estas personas se crean en los CEE, por lo que por un lado es prioritario “facilitar la inclusión de este colectivo en la empresa ordinaria” y paralelamente, “seguir apoyando a los CEE como herramienta para favorecer la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual”. Por estos motivos ha abogado por que la “actuación del sector público ha de estar encaminada al servicio del bienestar colectivo y a la consecución de los intereses sociales, y la contratación pública de CEE o empresas de inserción participadas por entidades sin ánimo de lucro, en sin duda una forma de conseguir una sociedad más justa”.
Por su parte, Durá ha remarcado el compromiso de su organización con “el empleo de las personas con discapacidad”, siendo una de sus principales líneas de actuación “reivindicar en todos los foros de debate las mejores condiciones para la promoción del empleo de calidad para las personas con discapacidad”.
Santisteve ha manifestado que para el Ayuntamiento de Zaragoza “la contratación pública es una herramienta clave para incidir en la vida de los ciudadanos”. Bajo este planteamiento, ha expresado que su “intención es establecer un porcentaje mínimo reservado a CEE y empresas de inserción en los pliegos y licitaciones publicadas”.
Presentación del monográfico
El núcleo central de la jornada ha sido la presentación del monográfico de AEDIS “La adjudicación de contratos reservados a centros especiales de empleo”, una publicación que aborda de manera principal la figura de los contratos reservados a CEE y analiza de manera breve otras posibilidades recogidas en la normativa de contratos públicos, como los criterios de adjudicación y las condiciones especiales de ejecución.
Santiago Lesmes, autor de la publicación y consultor en Cláusulas Sociales y Contratación Pública Socialmente Responsable, ha explicado de manera muy didáctica qué es un contrato reservado, cómo se tramitan, la obligatoriedad de que las administraciones reserven una parte de sus contratos, la reserva de lotes, la subrogación de personal, etc. Una de las claves más relevantes para el sector es que “la nueva ley de contratación pública matiza que los contratos reservados son para CEE de iniciativa social participados por el 51% por entidades sin ánimo de lucro”.
También ha ofrecido múltiples ejemplos de contratos reservados de ayuntamientos y la normativa y porcentajes de reserva en las comunidades autónomas. Su intervención ha aportado datos y mensajes de trabajo como: “El 75% de los empleos generados para personas con discapacidad es en CEE, por ello el contrato reservado a CEE es una buena manera de crear trabajo para el colectivo. La contratación de personas con discapacidad es un ahorro para arcas públicas. Por ello me gusta hablar de contratación pública eficiente o estratégica”.
Mesa redonda y clausura
Tras la ponencia central y el posterior descanso, se ha celebrado una mesa redonda en la que se han expuesto distintas experiencias en el ámbito local y autonómico.
Miguel Ángel Bernal Blay, Director General de Contratación, ha explicado que “la contratación pública es un instrumento del que gozan los poderes públicos para hacer políticas concretas como lo son las sociales o medioambientales”, que en términos económicos se traducen desde el año 2014 en “aproximadamente 2.000.000 € destinados a contratos reservados desde el Gobierno de Aragón”.
Por su parte, Luis Bentué Andreu, coordinador técnico del Observatorio de contratación pública del Ayuntamiento de Zaragoza, ha enfatizado la necesidad de que las Administraciones enfoquen la contratación pública estratégicamente, haciendo partícipes a todos los agentes implicados y analizando el impacto que se quiere conseguir en la sociedad, y específicamente, en los colectivos favorecidos por ésta contratación.
Ya en la ceremonia de clausura, Mª Victoria Broto, además de recordar la nueva ley de concertación que ha situado a la Administración aragonesa como referente, ha enfatizado el valor del empleo para cualquier persona, pero “en particular para las personas con discapacidad, ya que les aporta normalización, mejora de la autoestima, socialización”. Por este motivo, “ha adelantado”, “tenemos que volver a trabajar conjuntamente con las entidades de la discapacidad en relación a los contratos sociales”.
Además, Broto ha informado a los presentes acerca de la futura ley aragonesa de Derechos de Personas con Discapacidad y ha explicado que, entre otras novedades, se apuesta por que en el sector público “haya al menos un 8% de trabajadores con discapacidad”.
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